PAC en Extremadura: nuevas normas de condicionalidad y multas

Los agricultores y ganaderos extremeños que reciben ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) tienen desde este verano nuevas reglas de juego para conservar sus subvenciones. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural ha publicado la orden que regula la condicionalidad reforzada y social, un paquete de normas que obliga a cumplir con estándares ambientales y laborales básicos para poder cobrar los pagos directos y determinadas ayudas de desarrollo rural. Si no se cumplen, el bolsillo se resiente.

La normativa, que ya es aplicable a las solicitudes de 2026, establece un sistema de penalizaciones que no tiene carácter de sanción administrativa tradicional, sino de ajuste sobre el importe de la ayuda que debe recibir el titular de la explotación. La norma distingue dos bloques: la condicionalidad reforzada, vinculada a clima, medio ambiente, salud pública y bienestar animal, y la condicionalidad social, centrada en el cumplimiento de la normativa laboral, de empleo y seguridad de los trabajadores.

Para que la penalización sea efectiva, el incumplimiento debe ser directamente imputable al beneficiario y estar relacionado con su actividad agraria. Además, el sistema fija unos umbrales de tolerancia. Por ejemplo, las explotaciones de hasta 10 hectáreas de superficie agraria declarada quedan exentas de las penalizaciones de condicionalidad reforzada. En el caso de la rotación de tierras de cultivo, la excepción se amplía hasta las 30 hectáreas.

No todo descuido supone un recorte automático. La orden permite decidir no aplicar penalización si el importe resultante fuera inferior o igual a 100 euros por año natural, aunque se comunicará al interesado para que aplique medidas correctoras. Si se detecta reincidencia en un control posterior, esa flexibilidad desaparece y la penalización se aplica rigurosamente.

El sistema de control combina revisiones administrativas con inspecciones sobre el terreno. Estas últimas podrán anunciarse con hasta 14 días de antelación, salvo en el caso de ayudas ganaderas, donde el margen de aviso se reduce a un máximo de 72 horas. Si el beneficiario impide la ejecución del control, su solicitud de ayuda puede ser rechazada de plano, salvo causas de fuerza mayor.

Los porcentajes de reducción varían según la gravedad, alcance e intencionalidad del incumplimiento. La norma general establece una reducción del 3 por ciento, pero puede elevarse al 10 o incluso al 100 por ciento en casos de intencionalidad demostrada o incumplimientos reiterados durante tres años naturales consecutivos. La valoración detallada de estas penalizaciones queda recogida en los anexos técnicos de la orden.

La Consejería, a través de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria, centraliza la resolución de los procedimientos administrativos derivados. Una vez notificado el inicio, los interesados disponen de diez días hábiles para presentar alegaciones o pruebas antes de que se proponga la resolución final. El plazo para dictar y notificar la resolución es de seis meses desde el inicio del procedimiento. Si este tiempo pasa sin respuesta, el procedimiento caduca.

La norma también introduce un régimen específico para los casos en los que la tierra haya sido cedida durante el año natural. Si se puede determinar quién causó el incumplimiento, la penalización recaerá sobre él. Si no hay forma de demostrarlo, el castigo se reparte al 50 por ciento entre cedente y cesionario. En Extremadura, la gestión coordinada de estos controles se ajusta a las directrices estatales del FEGA, siempre bajo la capacidad de autoorganización de la administración autonómica.