Ajustes de plantilla en la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes
La Junta de Extremadura reorganiza los recursos humanos de Cultura, Turismo y Deportes para reforzar la gestión de sus fundaciones y el control económico.
La nueva estructura de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura trae cambios significativos para su plantilla. Según la orden publicada este jueves, el departamento refuerza su equipo humano para cubrir necesidades en la gestión de fundaciones y consorcios, además de potenciar su servicio económico.
Datos clave
- Cambios funcionario
- 4 creados, 2 modificados, 1 amortizado
- Cambios laboral
- 1 puesto de trabajo creado
- En vigor
- 1 de agosto de 2026
- Recurso reposición
- 1 mes
El ajuste reorganiza tanto al personal funcionario como al laboral. En el caso de los funcionarios, se crean cuatro puestos, se modifican otros dos y se amortiza uno. Para el personal laboral, la modificación incluye la creación de un nuevo puesto de trabajo.
Los cambios responden a la necesidad de dotar de perfiles técnicos específicos a la Secretaría General. La Consejería busca así ganar eficacia en el seguimiento de la ejecución presupuestaria y en el control de sus entidades adscritas, tareas para las que hasta ahora no existía una unidad dedicada exclusivamente a ellas.
La creación de puestos para funcionarios incluye varios perfiles en Mérida y Cáceres. Se incorporan plazas de asesoría jurídica y una de técnico en empresariales, junto a una jefatura en la Editora Regional. El movimiento se completa con la modificación del puesto de dirección de una biblioteca y una plaza de auxiliar administrativo en la Dirección General de Deportes.
En la parte laboral, el refuerzo se centra en Cáceres. Allí se crea una plaza de oficial de primera de mantenimiento para instalaciones deportivas.
Los efectos de esta reorganización entran en vigor el primer día del mes siguiente a la publicación de la norma. Es decir, mañana mismo, 1 de agosto de 2026, la estructura ya operará con sus nuevas piezas.
La orden agota la vía administrativa.
Quien desee impugnar esta resolución puede presentar un recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social en el plazo de un mes. Alternativamente, cabe acudir a la vía contencioso-administrativa ante los juzgados competentes en un plazo máximo de dos meses.
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