Bingos Mérida reduce a 6.151 € su sanción por infracciones de juego
Un juzgado de Mérida estima el recurso de Bingos Mérida, SA y anula parte de una sanción de juego. La multa original, que superaba los 12.000 euros, queda reducida tras descartarse dos de las infracciones imputadas.
Bingos Mérida, SA ha logrado reducir a menos de la mitad la sanción que la Junta de Extremadura le impuso en 2025. Un juzgado de Mérida ha estimado parcialmente el recurso de la empresa, validando solo dos de las cuatro infracciones administrativas en materia de juego que originaron el expediente inicial.
Datos clave
- Importe final
- 6.151 €
- Importe original
- 12.753 €
- Fecha de fallo
- 29 de junio de 2026
- Infracciones
- 2 faltas confirmadas
La multa original, fijada en 12.753 €, queda ahora rebajada a 6.151 €. El Tribunal de Instancia de Mérida ha considerado que la tipificación de ciertas faltas no era conforme a derecho, lo que obliga a la administración a recalcular el importe final del castigo.
El fallo del 29 de junio de 2026 absuelve a la entidad de las sanciones relacionadas con la falta de libro de visitas y la omisión de consultas al registro de limitaciones de acceso a salones de juego. Estos dos conceptos desaparecen del expediente contencioso-administrativo.
No obstante, la sentencia mantiene las otras dos infracciones que motivaron la apertura del procedimiento sancionador. Se confirma la falta leve por tener un documento único oculto, valorada en 150 €, y la falta muy grave por contar con un documento profesional caducado, con una sanción de 6.001 €.
La Dirección General de Tributos, a través de una resolución firmada el 17 de julio de 2026, ha procedido a la ejecución formal del fallo judicial. Con este movimiento administrativo, se cierra el litigio iniciado tras el recurso de reposición que la empresa presentó contra la sanción inicial de 2025.
La resolución no impone costas procesales a ninguna de las partes. Tanto Bingos Mérida, SA como la Junta de Extremadura deberán asumir los gastos generados por su propia representación legal y compartir los costes comunes del proceso.
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