Luz verde ambiental para una casa rural en Montehermoso
La Junta de Extremadura avala la legalización de una casa rural en Montehermoso. El informe ambiental impone medidas de seguridad hídrica y contra incendios para mantener la actividad en el entorno del río Alagón.
La legalización de una casa rural en Montehermoso ya no tiene trabas ambientales. La Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal ha dado el visto bueno al proyecto situado en la parcela 93 del polígono 23 tras concluir que la edificación no generará impactos significativos sobre el entorno. El trámite, que valida una construcción ya ejecutada, se ha resuelto por la vía simplificada.
Datos clave
- Plazo
- 4 años para la autorización definitiva
- Qué hacer
- Mantener medidas de autoprotección
- Ubicación
- Parcela 93, polígono 23, Montehermoso
- Condición
- Vallado obligatorio de pozos y sondeos
El proyecto se asienta en la zona conocida como Casillas del Carmen, un entorno de tierras arables y matorral que linda con el río Alagón. A pesar de su cercanía a la Zona de Especial Conservación de los ríos Alagón y Jerte, el informe confirma que la actividad no altera hábitats protegidos ni especies amenazadas. El agua se garantiza mediante un pozo de sondeo ya inscrito en 2012, y el saneamiento depende de una fosa séptica estanca que ya estaba instalada en la finca.
La legalización no es un cheque en blanco, sino un marco de condiciones estrictas. La propiedad deberá cumplir con varias medidas preventivas, como la prohibición de verter residuos al terreno y la obligación de vallar cualquier pozo o sondeo para evitar accidentes. Si durante las obras de adaptación surgiera algún resto arqueológico, los trabajos deberán paralizarse en un plazo máximo de 48 horas.
La Confederación Hidrográfica del Tajo ha vigilado especialmente el riesgo de inundación por su proximidad al río Alagón, exigiendo que cualquier nueva conducción sea estanca. Además, la casa queda catalogada como lugar vulnerable de menor entidad ante incendios forestales, lo que obliga a su titular a mantener medidas de autoprotección al día.
La resolución no ahorra exigencias para el futuro. Si alguna vez la propiedad cambiara de uso, o si la normativa ambiental endureciera sus estándares, el condicionado podría revisarse. El informe tiene una vigencia de cuatro años: si en este tiempo el ayuntamiento no formaliza la autorización definitiva, el permiso ambiental caducará automáticamente.
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