Industria, Energía, Ciencia y Territorio·Boletín Bien de Extremadura,

Diez casas rurales en Navalvillar de Pela: luz verde con condiciones

La Junta de Extremadura autoriza el complejo de Inversiones Los Barreros en el embalse de Orellana. El proyecto debe cumplir estrictas medidas forestales y resolver su situación con el suministro de agua.

Navalvillar de Pela verá nacer un nuevo complejo de diez casas rurales junto al embalse de Orellana. La empresa Inversiones Los Barreros, S.L. ha recibido luz verde ambiental para un proyecto que busca explotar el tirón de la pesca deportiva en una zona de alto valor natural. La construcción, lejos de ser un bloque compacto, se dispersará por la parcela para no alterar el paisaje ni dañar la vegetación existente.

Datos clave

Plazo
3 meses para abonar el canon ambiental
Canon
2% del presupuesto de ejecución material
Proyecto
10 casas rurales en Navalvillar de Pela
Energía
Planta fotovoltaica de 48.000 Wp

El proyecto destaca por su integración: las viviendas serán prefabricadas y se apoyarán sobre soleras de hormigón para minimizar el movimiento de tierras. La energía vendrá del sol, mediante una planta fotovoltaica de 48.000 Wp que alimentará todas las instalaciones, incluidas las bombas de agua del embalse. La red de saneamiento, por su parte, se resolverá con cinco fosas sépticas estancas, una por cada pareja de cabañas, cuyos lodos serán retirados periódicamente por gestores autorizados.

La ubicación elegida es la parcela 171 del polígono 19, un terreno que forma parte de la Red Natura 2000. Los informes ambientales han sido estrictos: la alternativa aprobada, la tercera que presentó el promotor, garantiza que ni una sola encina será talada. De hecho, el diseño obliga a recuperar un centenar de encinas degradadas mediante tratamientos selvícolas, además de crear lindes con especies autóctonas como mirto, madroño o retama.

El plan no es un cheque en blanco. La administración impone condiciones severas: cualquier resto arqueológico que aparezca durante las obras paralizará los trabajos inmediatamente. Además, el promotor deberá pagar un canon ambiental equivalente al 2 por ciento del presupuesto de ejecución material, con un plazo de tres meses para abonarlo desde la notificación de la calificación rústica. La falta de pago supone la caducidad inmediata del permiso.

El agua es el último gran frente abierto. La Confederación Hidrográfica del Guadiana advierte que el promotor no tiene derecho propio de captación y debe solicitar la modificación de una concesión existente y cambiar su titularidad para uso doméstico. El proyecto también debe declararse como lugar vulnerable frente a incendios forestales, obligando a redactar y aprobar una memoria técnica de prevención antes de abrir las puertas al primer pescador. Son trámites que, lejos de ser burocracia vacía, aseguran que el turismo rural no acabe siendo un problema para la sierra.

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