Ayudas para secretarías compartidas en los municipios de Extremadura
Ver todas las subvenciones y ayudas en Extremadura →Los ayuntamientos extremeños que comparten un mismo secretario-interventor tienen 15 días hábiles para solicitar los fondos de 2026. Hay 150.000 euros en juego.
Los municipios extremeños que deciden compartir la figura del secretario-interventor tienen desde hoy una nueva oportunidad para aliviar las cuentas de sus ayuntamientos. La Junta de Extremadura ha convocado las ayudas destinadas a financiar el sostenimiento de estos puestos compartidos, un modelo que busca garantizar la gestión administrativa en las localidades con menos recursos.
Datos clave
- Plazo solicitud
- Hasta el 11 de agosto de 2026
- Fondo total
- 150.000 €
- Beneficiario
- Agrupaciones de entidades locales
- Financiación
- 50% Junta, 50% Diputaciones
- Límite ayuda
- Máx. 75% del coste total del puesto
La convocatoria dispone de un fondo total de 150.000 euros. Esta cifra no es directa, ya que cada entidad local recibirá el 50 por ciento de la ayuda por parte de la Junta, mientras que el 50 por ciento restante será aportado por la Diputación provincial correspondiente.
El límite de la subvención es claro: no podrá superar el 75 por ciento del coste total que suponga para el ayuntamiento mantener dicho puesto de trabajo agrupado. Si la suma de esta ayuda con otras subvenciones para el mismo fin supera el gasto total, el exceso se descontará.
Pueden solicitar esta ayuda tanto las agrupaciones que ya funcionan bajo este esquema como aquellas que estén en pleno proceso de constituirse. En este segundo caso, es obligatorio tener los estatutos aprobados por los plenos municipales y haber enviado el expediente a la Dirección General de Administración Local antes de que cierre el plazo.
El tiempo corre.
Debes presentar la solicitud en un periodo de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a esta publicación en el diario oficial. Si se agota el plazo, la oportunidad se pierde para este ejercicio.
Las entidades solicitantes deben estar al día en sus obligaciones con la Hacienda autonómica, la estatal y la Seguridad Social antes de que se proponga la concesión del dinero. Es una condición previa al pago sin margen de negociación.
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