Torremejía delega en la Junta la selección de su Policía Local

El Ayuntamiento de Torremejía ha puesto en manos de la Junta de Extremadura la selección de sus futuros agentes de Policía Local. Ambas instituciones han formalizado un convenio de colaboración para delegar en la administración regional la convocatoria de plazas, bajo la figura del denominado Tribunal Único. La decisión busca aliviar a los municipios de la carga administrativa que supone organizar procesos selectivos complejos y, a menudo, sobredimensionados para el pequeño número de vacantes que cada ayuntamiento necesita cubrir.

El acuerdo, firmado el 19 de junio de 2026 y publicado ahora en el diario oficial, busca profesionalizar y unificar el acceso al empleo público en las plantillas locales. La Junta de Extremadura asumirá la aprobación de las bases generales, la gestión de las tasas de examen y la designación de los miembros del tribunal calificador, entre otras responsabilidades. Torremejía, por su parte, se compromete a comunicar sus necesidades de personal antes de que finalice el mes de enero de cada año.

Este modelo de tribunal único no es nuevo, pero consolida una tendencia en la comunidad autónoma para agrupar plazas vacantes de distintos municipios en una única convocatoria anual. El objetivo es claro: ganar eficiencia y asegurar que las pruebas, desde las físicas hasta las psicotécnicas, mantengan un estándar exigente y equitativo para todos los aspirantes extremeños.

El convenio cuenta con una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables por otros cuatro. Aunque el ayuntamiento delega la potestad de seleccionar, mantiene la autonomía para decidir qué plazas saca a concurso y, en última instancia, será quien nombre a los funcionarios que superen el proceso una vez que el Tribunal Único realice su propuesta.

El documento incluye un anexo detallado sobre el tratamiento de datos personales, una cuestión nada menor cuando se manejan expedientes de opositores. La Junta asume el papel de responsable, mientras que el ayuntamiento actúa como encargado del tratamiento. Se establecen protocolos estrictos para el uso de equipos informáticos, protección antivirus y cifrado de información, asegurando que la digitalización no comprometa la privacidad de los aspirantes.

La colaboración no supone coste económico alguno entre las partes. La recaudación de las tasas de examen se integrará en la Hacienda Pública autonómica, y los gastos derivados de la gestión del tribunal serán asumidos por la Consejería competente. Si el ayuntamiento decidiera revocar esta delegación en el futuro, los efectos de la decisión se harían efectivos tras concluir el proceso selectivo en curso.