Prórroga y ampliación del servicio jurídico contra la inquiokupación en Cáceres
La Junta de Extremadura y el Colegio de la Abogacía de Cáceres extienden la asistencia jurídica a propietarios hasta mediados de 2027. La novedad es que ahora se incluyen los casos de inquiokupación.
Si tienes una vivienda en Cáceres y te enfrentas a una ocupación ilegal o a un inquilino que se niega a marcharse al terminar su contrato, hay un servicio de asistencia jurídica que seguirá operativo hasta 2027. La Junta de Extremadura y el Colegio de la Abogacía de Cáceres han prorrogado su convenio de colaboración para proteger a los propietarios. El acuerdo, que se puso en marcha hace un año, añade ahora un nuevo frente de actuación legal.
Datos clave
- Plazo
- Hasta el 30 de junio de 2027
- Importe
- 25.000 €
- Distribución
- 12.500 € en 2026 y 12.500 € en 2027
- Cobertura
- Ocupación ilegal e inquiokupación
La principal novedad de esta adenda es que, además de los casos de ocupación ilegal clásica, el servicio ahora cubre expresamente la llamada inquiokupación. Se trata de los casos donde el contrato de alquiler ha finalizado, pero el inquilino no abandona el inmueble y el propietario se ve privado de su posesión sin su consentimiento. Con este cambio, el asesoramiento busca dar respuesta a situaciones donde la ley ya no protege la ocupación tras haber vencido el plazo legal o contractual.
La asistencia se organiza mediante un turno especializado de abogados ejercientes. Para acceder a este asesoramiento, el servicio cuenta con un letrado coordinador y entre tres y cinco abogados, todos ellos seleccionados por concurso público de méritos dentro del propio Colegio. Estos profesionales ofrecen orientación urgente a los afectados, buscando soluciones efectivas en un ámbito donde el tiempo suele ser un factor crítico para el dueño.
La Junta de Extremadura financia este servicio con un presupuesto total de 25.000 € para este nuevo año de vigencia. Esta cantidad se reparte a partes iguales entre 2026 y 2027, con 12.500 € asignados a cada ejercicio. El Colegio gestiona estos fondos para mantener la operatividad del turno sin que los abogados guarden relación laboral directa con la administración regional.
El convenio original, suscrito en junio de 2025, ha demostrado ser eficaz en su objetivo de proteger la propiedad privada. La prórroga asegura que el servicio esté operativo hasta el 30 de junio de 2027. La paz judicial ayuda.
Para los afectados, la ayuda es inmediata. La intervención busca ser ágil frente a la ocupación. Cada caso cuenta.
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