La Xunta fija qué documentos públicos se guardan y cuáles se destruyen

Los archivos públicos de Galicia tienen una nueva hoja de ruta para decidir qué papeles se quedan y cuáles acaban en la trituradora. La Xunta ha aprobado las nuevas tablas de evaluación documental que dictan el destino final de siete series de expedientes, desde los impuestos de sucesiones hasta las ayudas a la emancipación.

Todo documento público es patrimonio, pero no todo puede guardarse eternamente. El Consejo de Evaluación Documental de Galicia ha revisado expedientes antiguos para liberar espacio y fijar los plazos de custodia. Para el ciudadano, esto supone que su información personal, como los expedientes de renta básica de emancipación, queda protegida bajo un acceso restringido durante 30 años.

La limpieza es selectiva y sigue criterios técnicos muy precisos. Por ejemplo, en los padrones del IBI municipal, se ha decidido que se eliminarán a los 20 años, guardando únicamente como muestra histórica aquellos ejercicios terminados en cero. En el caso de los certificados de ausencia de sanciones por tenencia de animales, el borrado total será a los cinco años de la expedición, conservando solo un ejemplo por año y oficina.

Otros expedientes, como los de liquidación de sucesiones y donaciones, tienen una salvaguarda mayor: su conservación será permanente. En el extremo opuesto, la gestión de la renta básica de emancipación (2008-2021) se eliminará por completo a los cuatro años desde la última concesión mensual, manteniendo solo una muestra de cinco expedientes por provincia y año para fines estadísticos.

La norma también afecta a la documentación sobre cursos de lengua gallega, donde se mantendrán los títulos y las actas de evaluación, pero no el resto del expediente una vez pasados cuatro años. La orden entró en vigor el 20 de agosto de 2026, un día después de su publicación oficial.

Los expedientes se digitalizan o se destruyen. Es el ciclo natural de la burocracia.