Bóveda tendrá 24 plazas en una nueva residencia terapéutica

La Xunta de Galicia abre una nueva etapa en la atención residencial para personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental asociada en el ayuntamiento de Bóveda. La Consellería de Política Social e Igualdad ha lanzado el procedimiento de concierto social para cubrir 24 plazas en el servicio de atención residencial terapéutica, un recurso especializado necesario para quienes requieren apoyos específicos por sus trastornos de conducta.

El presupuesto total para este concierto, que se extenderá entre noviembre de 2026 y octubre de 2030, asciende a 4.511.597,88 euros. La aportación de la Administración autonómica representa el 87 por ciento del coste, mientras que el resto se cubre con la participación económica de las personas usuarias. El precio del módulo asistencial se ha fijado en 3.916,32 euros mensuales por plaza, impuestos incluidos.

Para optar a este concierto, las entidades deberán cumplir varios requisitos exigentes. Entre ellos, deben contar con una experiencia mínima de un año en la atención al colectivo, estar inscritas en el Registro Único de Entidades Prestatarias de Servicios Sociales (RUEPSS) y acreditar solvencia financiera y técnica. El pliego técnico detalla también la necesidad de contar con ratios de personal cualificado que garanticen una atención continua y terapéutica.

Las entidades interesadas en gestionar estas 24 plazas deberán presentar su solicitud de manera telemática a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia. El formulario normalizado, disponible como anexo II en la documentación oficial, debe incluir toda la documentación acreditativa, desde la solvencia financiera hasta las pólizas de seguro de responsabilidad civil con una cobertura mínima de 150.000 euros.

El procedimiento establece un listado de criterios de desempate, dando prioridad a las entidades sin ánimo de lucro y a aquellas que dispongan de un mayor porcentaje de personal con discapacidad en su plantilla. Una vez formalizado el acuerdo, previsto para el 1 de noviembre de 2026, la entidad será responsable de la organización técnica del centro y del cumplimiento estricto de los protocolos de atención individualizada exigidos.

La Dirección General de Personas con Discapacidad será la encargada de valorar las solicitudes y elevar la propuesta de resolución, que deberá dictarse en un plazo máximo de tres meses desde la publicación de la convocatoria. En caso de que la demanda de plazas sea insuficiente durante periodos prolongados, la Administración se reserva la potestad de ajustar el número de plazas concertadas para optimizar el recurso.