Diputada General·Boletín Bien de Gipuzkoa,

La Diputación reparte 458.778 € entre 37 entidades para el euskera

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La Diputación Foral de Gipuzkoa ha resuelto la convocatoria de 2026 para el uso social del euskera, asignando fondos a 37 proyectos. Una entidad se queda fuera al no alcanzar la puntuación mínima necesaria.

Un total de 37 asociaciones guipuzcoanas han recibido luz verde para recibir el respaldo económico de la Diputación Foral de Gipuzkoa en su labor de promoción del euskera. El decreto foral, firmado el 28 de septiembre, pone el broche a una convocatoria que ha repartido 458.778,00 euros destinados a proyectos de uso social de nuestra lengua.

Datos clave

Importe total
458.778,00 €
Entidades premiadas
37 asociaciones
Ayuda máxima
30.000 €
Recurso reposición
1 mes desde el 10 de octubre de 2026
Recurso contencioso
2 meses desde el 10 de octubre de 2026

El reparto es amplio y variado, reflejando el tejido asociativo de todo el territorio. Las cuantías más elevadas alcanzan los 30.000 euros, cifra que reciben entidades como Eta Kitto Euskera Elkartea, Hezten Aisialdi Euskaltzalea, Badihardugu Deba Ibarreko Euskera Alkartia y Galtzaundi Tolosaldeko Euskaltzaleen Taldea. En el otro lado de la balanza, la ayuda mínima adjudicada asciende a 1.979 euros para Txingudi Ikastolako Ikasleen Guraso Elkartea.

La selección se ha realizado bajo los criterios de concurrencia competitiva, valorando los proyectos presentados y sometiéndolos al examen de una comisión evaluadora. El proceso incluyó un trámite de audiencia, durante el cual no se registraron alegaciones. Los pagos se desglosan en dos anualidades, 2026 y 2027, tal y como queda reflejado en las partidas presupuestarias correspondientes.

No todas las propuestas han logrado superar la criba. Una solicitud, presentada bajo el expediente 2026-SUST-033-01 por Toki Kultur Elkartea, ha sido denegada al no alcanzar los 70 puntos mínimos requeridos en las bases específicas. La puntuación obtenida por esta entidad se quedó en 65.

La resolución es ya definitiva en vía administrativa. Las entidades que no han resultado beneficiarias o que deseen impugnar la decisión tienen la opción de interponer un recurso de reposición ante la propia diputada general en el plazo de un mes, o bien acudir directamente a la vía contencioso-administrativa en los dos meses siguientes a esta publicación.

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