Hacienda y Seguridad Social cruzan datos de pensionistas en Gipuzkoa

La Diputación Foral de Gipuzkoa y la Seguridad Social han sellado un acuerdo que afectará a miles de pensionistas en la provincia. Hacienda y el Instituto Nacional de la Seguridad Social han renovado su convenio para el intercambio de datos fiscales, una prórroga de cuatro años que garantiza que la administración central disponga de la información precisa para gestionar las prestaciones familiares y las pensiones.

El documento oficial, firmado el pasado 2 de octubre, no es una mera formalidad administrativa. Esta adenda actualiza los anexos del convenio original de 2022 y detalla con precisión qué datos tributarios se ceden automáticamente. Las partes buscan, con esta colaboración técnica, asegurar que las cuantías de las pensiones y los complementos a mínimos se ajusten rigurosamente a la realidad de los ingresos de los beneficiarios.

La información cedida incluye rendimientos del trabajo, del capital mobiliario e inmobiliario, además de actividades económicas y ganancias patrimoniales. El intercambio se realiza por medios telemáticos y el texto legal subraya que, gracias a la normativa vigente, no es necesario solicitar el consentimiento de cada interesado para este cruce de datos.

El alcance de esta cesión abarca desde las prestaciones de viudedad, orfandad y en favor de familiares hasta las aportaciones de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. El objetivo de fondo es combatir el fraude en la cotización y garantizar que cada ciudadano reciba el importe que le corresponde según su nivel de renta real.

El convenio cuenta con interlocutores específicos para resolver dudas técnicas, tanto en el Departamento de Hacienda de la Diputación, liderado por la diputada foral Itziar Agirre, como en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, bajo la dirección de Carmen Armesto. Las comunicaciones informáticas seguirán centralizadas a través de la sociedad pública Izfe y el Centro de Desarrollo del INSS.

Las ausencias escuecen. Todo el proceso está blindado bajo la normativa de protección de datos, citando explícitamente el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 3/2018. Los ficheros de datos tributarios cedidos tienen una validez de tres meses desde su emisión, asegurando así que la información utilizada por la Seguridad Social sea lo más reciente posible.

Este nuevo marco de colaboración estará vigente hasta octubre de 2030. Con este paso, ambas instituciones evitan que los pensionistas tengan que aportar personalmente certificados tributarios ante cada trámite de revisión de sus prestaciones. El cruce de datos ya funciona.