Astigarraga se blinda: todo nuevo proyecto deberá certificar su impacto en euskera

Pues ya es oficial: Astigarraga se pone seria con el euskera. Tras pasar por el trámite de exposición pública y recoger cero reclamaciones, el Ayuntamiento ha dado luz verde definitiva a su nueva ordenanza sobre la evaluación del impacto lingüístico. El objetivo es sencillo de explicar, aunque luego toque remangarse para aplicarlo: asegurarse de que cualquier proyecto, plan o actividad que se cocine en el pueblo no se lleve por delante la realidad lingüística local. El alcalde, Xabier Urdangarin Lasa, ya ha dado el visto bueno para que esto se publique y empiece a rodar.

El texto no deja títere con cabeza. Afecta a todo lo que se mueva bajo competencia municipal, ya sea público o privado, y se extiende también a proyectos supramunicipales que puedan aterrizar en Astigarraga. Básicamente, si un promotor privado o una institución quiere montar un plan que pueda alterar el uso del euskera o afectar a los hablantes, tendrá que pasar por el aro de este filtro. Y si hay riesgos, el Ayuntamiento exigirá medidas para prevenir, corregir o compensar cualquier efecto negativo.

Para controlar todo este cotarro, nace un tal Comité ELE. Un órgano paritario que va a tener el poder de decidir sobre el impacto de las cosas. Lo compondrán el concejal del área de euskera, un técnico de euskera, un técnico municipal del área del proyecto en cuestión y un representante de Uema. Nada de improvisaciones técnicas; aquí se busca asegurar que el impacto lingüístico no sea papel mojado. Si el proyecto se considera que tiene un impacto significativo, se tendrá que hacer un estudio a medida que incluya desde el análisis del paisaje lingüístico hasta la oferta de actividades, y el Comité tendrá la última palabra sobre si el estudio es favorable o si, por el contrario, hay que modificar el proyecto a fondo.

La ordenanza despliega un abanico de medidas correctoras que parecen sacadas de un manual de planificación a largo plazo. Desde potenciar espacios comunitarios donde el euskera sea la lengua natural, hasta priorizar la publicidad en medios locales, exigir que el personal sea euskaldun o imponer multas si no se cumple lo pactado. También ponen el ojo en los llamados arnasguneak, los espacios vitales donde el idioma tiene más fuerza, y prometen tratarlos con mimo y prioridad.

Para ir cerrando el café, lo que nos deja esta noticia es que Astigarraga quiere blindarse contra la erosión lingüística. Ya no basta con decir que el euskera es la lengua propia; ahora cada ladrillo que se ponga o cada festival que se organice tendrá que llevar su certificado de impacto lingüístico bajo el brazo. Habrá que seguirle la pista a cómo se lo toman los promotores cuando se vean frente a frente con el Comité ELE en los próximos meses.