Hondarribia y Gipuzkoa estrenan normas para el autobús y la Mugi

El transporte público en Gipuzkoa se prepara para un cambio en las normas de convivencia que todos compartimos a bordo. El Ayuntamiento de Hondarribia ha hecho oficial el nuevo reglamento que armoniza los servicios de transporte regular por carretera en toda la provincia, un paso necesario tras la consolidación del sistema Mugi.

Este nuevo marco normativo, que entrará en vigor el próximo 16 de noviembre, busca unificar los derechos y obligaciones de los viajeros, independientemente del operador o del municipio en el que subas al autobús. Las administraciones titulares del servicio, agrupadas en la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, han trabajado para garantizar que la accesibilidad no sea solo una meta, sino una realidad cotidiana.

La normativa pone especial énfasis en la accesibilidad universal. Se establecen obligaciones claras para las empresas operadoras, como la necesidad de facilitar información en formatos adecuados para personas con dificultades sensoriales o cognitivas, y la progresiva distribución de mandos a distancia para activar dispositivos acústicos en paradas y autobuses.

Para las familias, el reglamento facilita el día a día al permitir que un adulto viaje con hasta cuatro menores de seis años, y que los niños mayores de esa edad puedan viajar solos con autorización. Además, el acceso con bicicletas y mascotas queda regulado con reglas específicas de seguridad y confort para el resto de los viajeros.

El documento también aborda con firmeza el uso fraudulento de los títulos personalizados, como la tarjeta Mugi. Las penalizaciones por un uso incorrecto de estos títulos, que son personales e intransferibles, seguirán las directrices de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, y cualquier incidencia podrá ser objeto de un expediente sancionador.

Las empresas de transporte tienen ahora un plazo de un año para adaptar sus vehículos a estas exigencias técnicas. Mientras tanto, el reglamento ya incluye un régimen de reserva previa para personas en silla de ruedas, asegurando que, si la reserva fue acreditada y la plaza no está disponible, la administración proveerá un transporte alternativo sin coste alguno para el afectado.

Finalmente, se crea una comisión de seguimiento consultiva. Este órgano, que se constituirá en el plazo de un mes, contará con representantes de las administraciones, empresas operadoras y colectivos que trabajan con personas con movilidad reducida, encargándose de velar por el cumplimiento de estas normas y proponer ajustes si las demandas sociales así lo requieren.