El Tribunal Vasco de Cuentas pone el foco en las cuentas de Gipuzkoa

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha puesto bajo la lupa la gestión económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa durante 2024, y el informe resultante arroja sombras sobre varios expedientes y prácticas presupuestarias. Aunque el balance general refleja la situación patrimonial del sector público foral, el órgano auditor ha detectado irregularidades en la contratación y en el cumplimiento de normas financieras que afectan a departamentos clave y entes instrumentales.

Uno de los puntos más críticos es el organismo autónomo Kabia, que arrastra la gestión de 25 contratos vencidos, heredados de entidades locales anteriores, sin haber regularizado el gasto, lo que suma 24,7 millones de euros sin expediente de contratación. En paralelo, la sociedad foral Bidegi adjudicó servicios de operación y mantenimiento de carreteras por 387,3 millones de euros para un periodo de seis años, superando el límite general de cinco años sin una justificación clara en el expediente.

La Diputación, por su parte, ha visto cuestionada la gestión de sus créditos de compromiso, con excesos de 13 millones de euros y transferencias que superan los límites legales en 9,7 millones. El informe también señala que 5,1 millones de euros se gastaron en contratos que debían haber sido licitados siguiendo plazos de antelación que no se cumplieron. Además, se detectaron 16 actuaciones de contratos menores que, por su naturaleza homogénea y cuantía total de 626.710 euros, deberían haberse tramitado mediante procedimientos abiertos.

La controversia alcanza a las fundaciones forales, donde se cuestiona la transparencia en la selección de personal y retrasos significativos en la publicación de anuncios de formalización de contratos en el diario oficial de la Unión Europea. Por ejemplo, en dos expedientes de servicios que suman 661.254 euros, la publicación se demoró hasta 17 meses. Asimismo, se observan desajustes en la contabilidad del inmovilizado y en la falta de inventarios actualizados para bienes y derechos que suman 674,6 millones de euros.

Ante estas observaciones, los distintos departamentos forales han presentado alegaciones. Desde el área de Cuidados y Políticas Sociales se argumenta que algunos incumplimientos son circunstanciales o derivados de la complejidad de los servicios, como los centros de día de Azkoitia, Bergara y Soraluze. Por otro lado, la Diputación ha defendido que, en materia de créditos, no se han superado los límites legales tras aplicar su régimen específico de prórroga presupuestaria.

El informe subraya que estas prácticas deben corregirse para garantizar una gestión ajustada a la legalidad vigente. El documento completo, que incluye las explicaciones y descargos de cada departamento afectado, detalla las deficiencias detectadas y las recomendaciones para mejorar los sistemas de control interno antes del cierre de futuros ejercicios.