Villanueva de la Cañada se une a la Aceleradora de inversiones regional
Villanueva de la Cañada y la Comunidad de Madrid pactan una colaboración para agilizar los trámites urbanísticos y empresariales de los proyectos de especial interés.
Villanueva de la Cañada se suma a la Aceleradora de Inversiones de la Comunidad de Madrid para tratar de acortar los tiempos de espera de quienes quieran instalarse aquí. El convenio, firmado el 22 de junio de 2026 por la viceconsejera María del Carmen Tejera Gimeno y el alcalde Luís Manuel Partida Brunete, busca allanar el camino a los proyectos empresariales considerados de especial interés.
Datos clave
- Vigencia
- 4 años (prorrogable otros 4)
- Comisión seguimiento
- 2 representantes por cada administración
- Coste económico
- 0 €
El acuerdo no implica que ninguna de las partes suelte un solo euro. El objetivo es pura agilidad administrativa. La Aceleradora actuará como ventanilla única para coordinar a todas las administraciones implicadas en un proyecto, evitando que los promotores se pierdan en el laberinto de ventanillas y permisos.
El Ayuntamiento se compromete a designar hasta dos representantes para participar en la unidad técnica encargada del seguimiento. Su labor será alertar a la Aceleradora sobre los proyectos que llamen a la puerta del municipio, facilitando contactos y agilizando trámites municipales.
La colaboración pone el foco en la urgencia. Las partes acuerdan aplicar un despacho prioritario a aquellas iniciativas que superen los umbrales de inversión o creación de empleo definidos en el Decreto 15/2023. El municipio deberá informar si el proyecto tiene impacto urbanístico, garantizando que todo encaja con la normativa vigente.
Se crea una comisión de seguimiento paritaria. Esta se reunirá, como mínimo, dos veces al año para vigilar que lo pactado se cumpla y resolver posibles líos interpretativos sin pasar por el juzgado. La comisión estará integrada por dos concejales del gobierno municipal: el responsable de Economía y Empleo y el de Urbanismo y Obras.
El convenio dura cuatro años. Puede prorrogarse por otros cuatro si ambas partes están de acuerdo, aunque cualquiera puede bajarse del barco antes de tiempo si la otra parte incumple y no subsana el error en un plazo de 30 días naturales. La letra pequeña también dedica especial atención a la protección de los datos de las empresas y sus promotores mientras dure la colaboración.
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