Ayudas para la matrícula en la UPM, UAM y Carlos III para 2026-2027

La Comunidad de Madrid ha liberado una partida total de seis millones de euros para evitar que las dificultades económicas dejen a los estudiantes fuera de las aulas. Este programa, que funciona desde 2016, se articula a través de convenios directos con las universidades públicas madrileñas para cubrir las tasas de matrícula de quienes no han logrado las becas estatales.

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) recibe 1.028.475 euros para el curso 2026-2027. Por su parte, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) dispone de 794.778 euros, y la Universidad Carlos III de Madrid cuenta con una dotación de 556.160 euros para el mismo fin. Estos fondos se destinan prioritariamente a los precios públicos de primera y segunda matrícula, aunque el convenio permite un uso flexible.

Las universidades deben dedicar al menos la mitad del dinero a estas matrículas, pero si sobra presupuesto, pueden financiar otras necesidades. Aquí es donde entran las ayudas propias: becas salario, gastos de residencia, movilidad SICUE, material técnico o incluso apoyo a la salud mental.

El programa introduce una novedad importante: la ampliación del umbral de renta familiar. Las universidades podrán usar este cuarto tramo de renta para llegar a estudiantes en situaciones socioeconómicas desfavorables que antes quedaban fuera del sistema, garantizando así una mayor cobertura.

Para acceder a estas ayudas, el estudiante debe estar matriculado en estudios oficiales de grado o máster y no haber abandonado la carrera. Además, el convenio exige no contar con otra ayuda estatal para el mismo propósito, garantizando que el apoyo se concentre en quien más lo necesita.

El aprovechamiento académico marca la diferencia cuando hay más candidatos que fondos. Se valora especialmente el porcentaje de créditos superados en el curso 2025-2026, aunque los alumnos que inician estudios son evaluados según su nota de acceso. La vulnerabilidad personal y la renta per cápita completan el baremo de adjudicación.

Las situaciones sobrevenidas tienen cabida. Si la familia ha sufrido un desempleo grave o un accidente, los servicios universitarios realizarán una valoración personalizada para ajustar la ayuda. La universidad debe justificar cada euro recibido ante la Dirección General de Universidades antes del 31 de enero de 2028.

La burocracia se agiliza este año. Los estudiantes beneficiarios quedarán exentos de presentar certificados tributarios y de Seguridad Social, ya que la administración recabará los datos de oficio. La transparencia es total. Toda la información sobre el reparto será pública al finalizar el programa.