Anchuelo coordina con la Comunidad la lucha contra el absentismo

El absentismo escolar en Anchuelo ya tiene un marco renovado de vigilancia para lo que resta de año. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento han formalizado el convenio que coordinará los esfuerzos de docentes, servicios sociales y policía municipal para asegurar que los menores de entre 6 y 16 años no se pierdan las clases obligatorias.

El acuerdo, firmado el pasado 22 de mayo pero publicado esta semana, establece una aportación económica regional de 132,90 euros. Esta cantidad se calcula en función de la población infantil escolarizada en el municipio y los datos de absentismo registrados durante el año anterior.

Para el seguimiento del plan se constituirá una Comisión de Seguimiento donde se sentarán representantes de la Consejería de Educación, el equipo de gobierno municipal y las familias. La comisión será la encargada de aprobar el plan de actuación anual y supervisar que las medidas en el aula y en la calle funcionen como es debido.

El convenio refuerza la colaboración entre la Policía Municipal y los centros escolares. Los agentes municipales se comprometen a patrullar y detectar a cualquier menor en edad de escolaridad obligatoria que se encuentre fuera de su centro durante el horario lectivo, comunicando la incidencia de inmediato.

Las familias son un pilar central del nuevo plan. El documento insiste en que las comisiones de absentismo de cada colegio actuarán de forma coordinada con los Servicios Sociales municipales, prestando especial atención a aquellos hogares que reciban la renta mínima de inserción.

La vigencia del convenio es corta y precisa: finaliza el 31 de diciembre de 2026. Si ambas administraciones deciden renovarlo el próximo año, será necesaria una adenda que ajuste los módulos económicos a los presupuestos vigentes en ese momento.

Los justificantes del gasto realizado con esta ayuda deben presentarse antes del 10 de diciembre. El Ayuntamiento deberá acreditar, mediante certificado de su Intervención, que los fondos se han destinado a contratar profesionales socioeducativos para este cometido.

La transparencia es absoluta. Todo el personal no funcionario que participe en este programa tendrá que firmar un compromiso formal de confidencialidad para proteger los datos personales de los menores.

La lealtad institucional se sella con este documento.