Gestión Transportes y Distribución Mensajeros, nueva firma judicial
La Comunidad de Madrid formaliza el contrato de mensajería para sus sedes judiciales. Cinco empresas pujaron por un servicio que asciende a 230.505,00 euros.
Los juzgados y dependencias judiciales de Madrid cambian de mensajero. La Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local ha formalizado esta semana el contrato para el transporte de documentación entre sus sedes, un servicio esencial para que los expedientes sigan circulando por la capital sin atascarse.
Datos clave
- Importe total
- 230.505,00 €
- Adjudicatario
- Gestión Transportes y Distribución Mensajeros
- Fecha formalización
- 18 de agosto de 2026
- Recurso especial
- 15 días hábiles
La empresa elegida para esta tarea es Gestión Transportes y Distribución Mensajeros. El acuerdo, que se cerró oficialmente el 18 de agosto de 2026, supone un gasto público de 230.505,00 euros, IVA incluido.
El proceso ha sido competitivo. La Consejería recibió un total de cinco propuestas, todas ellas presentadas por pequeñas y medianas empresas. Ninguna oferta llegó desde fuera de España, y la tramitación completa se ha realizado por vía electrónica, un estándar ya consolidado en la gestión de servicios regionales.
La adjudicación final se decidió el pasado 20 de julio de 2026. Los criterios valorados para elegir a la empresa ganadora no se han limitado al precio, que pesaba un 70 por ciento en la puntuación, sino que también se han tenido en cuenta diversos criterios cualitativos, que sumaban el 30 por ciento restante.
Gestión Transportes y Distribución Mensajeros tendrá ahora la responsabilidad de conectar las diferentes dependencias que componen el Partido Judicial de Madrid. Se trata de un servicio de mensajería vital para la agilidad de los juzgados madrileños.
El contrato está firmado. No admite prórrogas automáticas.
Los interesados en conocer los detalles del pliego o los recursos disponibles contra esta adjudicación tienen el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid como referente principal, con un plazo de quince días hábiles para presentar cualquier reclamación especializada.
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