Prórroga para rehabilitar viviendas en 4 municipios de Madrid

Los plazos para completar las obras de rehabilitación de viviendas en cuatro municipios madrileños han sufrido una prórroga oficial. La Comunidad de Madrid ha suscrito adendas con los ayuntamientos de Nuevo Baztán, Torres de la Alameda, Torrejón de Ardoz y Fuenlabrada para extender la vigencia de sus convenios dentro del Programa 1 de ayuda a la rehabilitación a nivel de barrio.

Estas modificaciones, publicadas en el boletín regional, otorgan un margen adicional a las entidades locales para terminar los trabajos. La fecha límite para finalizar las actuaciones de urbanización y mejora del entorno físico en los entornos residenciales de rehabilitación programada se desplaza ahora hasta el 30 de junio de 2028.

Este nuevo horizonte temporal no es solo para las obras de construcción. La justificación de los fondos deberá presentarse ante la Comunidad de Madrid antes del 10 de noviembre de 2028. Posteriormente, el Ejecutivo autonómico canalizará la documentación final hacia el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el 31 de diciembre de 2028 como tope absoluto para este proceso.

El alcance de esta prórroga abarca a diversos proyectos específicos que ya estaban en marcha. En Nuevo Baztán, la intervención se centra en el Residencial Fase I. En Torres de la Alameda, los trabajos afectan al Casco Urbano Fase I. Torrejón de Ardoz, por su parte, extiende los plazos en tres zonas: el Barrio de Torrepista Fase I, el Barrio Verde Fronteras, Inta-Cobos y San José-Rosario. Finalmente, en Fuenlabrada, los acuerdos afectan al Distrito Centro Fase I y San Esteban Fase I.

Además de ajustar las fechas, los textos de las adendas ratifican las condiciones financieras. Se mantiene la posibilidad de destinar hasta un 15 por 100 adicional sobre las cuantías máximas de ayuda por vivienda para financiar las actuaciones de urbanización. Del mismo modo, se reservan hasta 800 euros por vivienda suscrita para cubrir los costes de gestión de las oficinas de rehabilitación que operan como ventanilla única.

La normativa recuerda que, antes de recibir cualquier abono, cada entidad debe cumplir con los informes técnicos justificativos que confirmen la finalización de las obras. Las oficinas de rehabilitación tienen la responsabilidad de recopilar toda la documentación y emitir dichos informes en un plazo máximo de dos meses tras la comprobación técnica de los trabajos realizados.

Los ayuntamientos beneficiarios tienen ahora el encargo de enviar a la Dirección General de Vivienda, en el plazo de un mes, el presupuesto y calendario de las actuaciones pendientes de inicio. La agilidad en este paso será determinante para cumplir con los nuevos hitos establecidos para el año 2028.