Viviendas en locales y el intercambiador de Valdebebas ya tienen empresa

La administración regional ha puesto nombre a dos contratos de mantenimiento que, más allá de la burocracia, afectan directamente a los recursos públicos y a la gestión de las infraestructuras de Madrid. La Agencia de Vivienda Social y el Consorcio Regional de Transportes acaban de formalizar sus últimos acuerdos, sellando compromisos que suman varios millones de euros en obras y servicios.

La Agencia de Vivienda Social ha adjudicado a tres empresas diferentes el acuerdo marco para acondicionar locales de su patrimonio como nuevas viviendas. Se trata de un contrato valorado en 5.760.000 euros, sin incluir el IVA, que se repartirá entre una UTE formada por Serveo Servicios y Asfaltos Vicálvaro, la empresa Trauxia, y Ortiz Construcciones y Proyectos. La UTE se llevó el mayor peso con una baja del 24,78 por ciento, mientras que Trauxia y Ortiz ajustaron sus ofertas con bajas del 14,20 y 5,02 por ciento, respectivamente. Todas las empresas se han comprometido a ampliar el plazo de garantía a 24 meses y a acreditar certificaciones de calidad ISO.

Por su parte, el intercambiador de Valdebebas ya tiene responsable para su mantenimiento integral. El contrato, que abarca desde la limpieza hasta la conservación de sus instalaciones, equipos y cerramientos, ha recaído en Fomento Valencia Mantenimiento y Limpieza. La adjudicación se ha cerrado por un importe total de 406.712 euros, con el IVA incluido.

Las obras y servicios ya están en marcha. Este contrato de Valdebebas tiene una duración inicial de 11 meses, aunque el pliego permite prórrogas que podrían extender la relación hasta los 33 meses. Es una gestión técnica que busca garantizar el rendimiento de una terminal que se ha vuelto clave en el mapa de transportes de la periferia norte.

La transparencia del proceso ha sido total. La Agencia de Vivienda Social ha resuelto su parte del acuerdo en los primeros días de julio, mientras que el Consorcio de Transportes hizo lo propio el día 16. Los plazos para posibles recursos siguen su curso habitual, con 15 días hábiles ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública en el caso de las obras de vivienda.