José Antonio González Antón y María Begoña Aranda García, nuevos técnicos
José Antonio González Antón y María Begoña Aranda García asumen dos plazas de técnico de apoyo en la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.
José Antonio González Antón y María Begoña Aranda García estrenan nuevos destinos esta semana en la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. Ambos funcionarios han sido adjudicatarios en el proceso de libre designación para ocupar puestos de técnico de apoyo en la estructura de Justicia y Víctimas.
Datos clave
- Toma de posesión
- 3 días
- Complemento
- 27.359,88 €
La resolución, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, oficializa el movimiento de dos plazas con idéntica retribución. Tanto el puesto 51270, que recae en González Antón, como el 51266, asignado a Aranda García, cuentan con un complemento específico de 27.359,88 euros anuales.
El cambio administrativo implica para los dos nuevos técnicos un traslado de responsabilidades. José Antonio González Antón proviene de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, donde desempeñaba funciones de subsección de valoración urbana I. Por su parte, María Begoña Aranda García se desplaza dentro de la propia Consejería de Presidencia desde su anterior puesto de subsección de apoyo Civitas en Madrid.
La normativa es taxativa respecto a la incorporación. Los interesados disponen de tres días hábiles para tomar posesión de su nuevo destino, a contar desde el día siguiente a su cese. Este último deberá producirse dentro de los tres días siguientes a la fecha de publicación de la orden.
El proceso ha cumplido con los requisitos de la Ley 1/1986 de la Función Pública madrileña y las bases generales de provisión. La administración no ha previsto excepciones para el cómputo de estos plazos, salvo en casos de permisos o licencias debidamente justificados.
Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición ante el mismo órgano en el plazo de un mes. Quien prefiera la vía judicial dispone de dos meses para acudir a los juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid.
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