Digitalización·Boletín Bien de la Comunidad de Madrid,

Cien mil euros para el Clúster de Blockchain de la Comunidad de Madrid

La Consejería de Digitalización financia tres proyectos tecnológicos con una subvención directa y anticipada. El beneficiario debe justificar el gasto antes de marzo de 2027.

El tejido empresarial madrileño cuenta desde esta semana con un empujón económico para sus proyectos de cadena de bloques. La Consejería de Digitalización ha formalizado la concesión de una ayuda directa de 100.000 euros destinada al Clúster de Blockchain de la Comunidad de Madrid, una cifra que llega como anticipo y sin necesidad de presentar garantías adicionales.

Datos clave

Importe
100.000 €
Plazo justificación
28 de febrero de 2027
Periodo actividad
1 de enero al 31 de diciembre de 2026
Forma de pago
Anticipado único

El dinero ya estaba guardado.

El fondo financiará tres líneas de trabajo concretas durante este ejercicio. La primera se centra en un piloto de credenciales verificables integradas en la Cuenta Digital regional, un paso orientado a agilizar los trámites empresariales mediante esta tecnología. La segunda partida servirá para organizar encuentros de transferencia tecnológica entre empresas, startups y administraciones, con un límite de gasto del 25 por 100 para estas actividades de networking y formación.

El tercer eje es quizás el más ambicioso: el diseño de un sistema de tokenización para la gestión integral de ayudas públicas. La intención es que este software permita trazar el ciclo de vida completo de las subvenciones, desde que se diseñan hasta que el beneficiario las consume finalmente.

Los gastos deben haberse ejecutado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Si el proyecto cuesta más que la ayuda recibida, el propio clúster deberá asumir la diferencia de su bolsillo.

La transparencia es la clave.

Cualquier contratación de terceros necesaria para desarrollar estas tareas deberá realizarse mediante un proceso abierto, exigiendo al menos tres ofertas de empresas distintas que no tengan vínculos accionariales entre sí. Esta obligación busca evitar conflictos y garantizar la competitividad tecnológica del proceso.

El plazo para presentar la memoria justificativa y todas las facturas vence el 28 de febrero de 2027. La administración regional, a través de sus órganos de control financiero, supervisará cada euro invertido para asegurar que los resultados tengan un impacto real y medible en la economía local.

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