Acreditación social en Madrid: flexibilidad ante la falta de auditores

Los centros y servicios de atención social en la Comunidad de Madrid se enfrentan a un cuello de botella inesperado. La normativa exigía una certificación en las normas UNE 158000 para acreditar la calidad, pero la realidad ha superado a la burocracia: no hay suficientes entidades certificadoras capaces de auditar a todos los centros a la vez.

La Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación ha admitido que forzar esta exigencia ahora mismo generaría situaciones de imposible cumplimiento para las entidades. El problema es sencillo: hay muchos centros y muy pocas manos para certificarles.

La solución oficial consiste en aplicar el requisito de forma flexible, adaptándose a la capacidad real que las entidades acreditadas por la ENAC tengan en cada momento. Esto significa que, mientras el sistema termina de rodar, la exigencia se modulará para no asfixiar a los centros con requisitos que no pueden cumplir por falta de oferta en el mercado.

Esta interpretación afectará a todos los procedimientos, desde la acreditación inicial hasta la renovación y el mantenimiento de los estándares. La dirección ha dejado claro que se evaluará el cumplimiento teniendo en cuenta la disponibilidad real de servicios de auditoría, evitando criterios rígidos que castiguen a los centros por una escasez de medios que les es totalmente ajena.

Para que todo sea transparente, la Administración se reserva la potestad de declarar oficialmente cuándo la capacidad de certificación se considera suficiente. Cuando el mercado sea capaz de absorber la demanda de manera razonable y no discriminatoria, se publicará una resolución específica en el boletín. Mientras tanto, el sistema se regirá por la capacidad efectiva que exista en cada momento.