Doce entidades sociales reciben las ayudas para la asistencia por VIH

Doce entidades sociales de la Comunidad de Madrid acaban de recibir el visto bueno a sus proyectos de asistencia sociosanitaria para personas afectadas por el VIH/SIDA. La Consejería de Sanidad ha resuelto la convocatoria de 2026 repartiendo fondos para programas que van desde el acompañamiento hasta la gestión de recursos habitacionales.

El reparto, publicado este martes en el Boletín Oficial, asigna cantidades muy dispares según el volumen y la envergadura de cada entidad. La asociación Acude lidera la lista con una ayuda concedida de 118.666,81 euros, seguida por Betel con 67.782,59 euros y Lakoma, que recibirá 55.585,74 euros.

Otros proyectos han obtenido cifras más contenidas. Basida cuenta con 41.355,24 euros, mientras que Apoyo Positivo ha recibido dos partidas de 26.939,35 euros cada una, correspondientes a sus líneas de Calidad de Vida y de Piso. Por debajo de los 20.000 euros se sitúan Aplec, con 17.815,99 euros, Madrid Positivo, con 14.281,08 euros, y Migrantia, con 10.212,47 euros.

Cierran la relación de beneficiarios Mundo Justo, con 9.621,20 euros, A Tiempo, con 6.182,01 euros, y Colectivo San Blas, que recibe 4.618,17 euros. La resolución confirma que todas las solicitudes presentadas fueron admitidas, sin registrarse denegaciones por desistimiento o falta de fondos.

El dinero concedido no es un cheque en blanco. Las entidades tienen ahora quince días hábiles, hasta el 1 de diciembre de 2026, para presentar toda la documentación justificativa del gasto realizado a lo largo de este año. Esto incluye desde nóminas selladas hasta facturas originales y comprobantes de pago bancario.

Cada justificación deberá ir acompañada de una memoria final detallando qué tal han funcionado las actividades. Si el gasto justificado al final resulta ser menor a lo proyectado, la Consejería aplicará una rebaja proporcional en el pago definitivo. Cualquier defecto en los papeles tendrá diez días para ser corregido antes de que el trámite decaiga.

La normativa es estricta con la trazabilidad. Se deben especificar los porcentajes de gastos de personal, los certificados de Seguridad Social y, en caso de haber contado con otras aportaciones económicas ajenas, el certificado de que no se ha superado el coste total del proyecto.

El cumplimiento de estos trámites es lo que garantiza el cobro efectivo. Quien no lo logre, deberá devolver el anticipo con los intereses que correspondan. Ya pueden ponerse manos a la obra.