Torremolinos blinda sus plazas públicas ante los reveses judiciales

El Ayuntamiento de Torremolinos ha decidido blindar su plantilla ante las recientes sentencias judiciales. Para evitar que los procesos de selección languidezcan y terminen caducando por el paso del tiempo, el concejal delegado de Personal, Cristóbal Molina Sibaja, ha firmado un decreto que amplía la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026. Esta maniobra administrativa busca rescatar plazas pendientes de las convocatorias de 2022, 2023 y 2024 que estaban bajo la amenaza legal de ser anuladas.

La decisión responde directamente a los varapalos judiciales recibidos. El Tribunal de Instancia de Málaga estimó un recurso de Comisiones Obreras, anulando parte de las pruebas de selección convocadas en 2025 por exceso de plazos. Para prevenir que esta situación se repita con otras categorías laborales, el consistorio ha optado por integrar en el plan de 2026 todas aquellas plazas que todavía no han culminado sus procesos selectivos.

El alcance de esta medida es amplio. Afecta, en primer lugar, a las plazas de la OEP 2022 que fueron objeto de litigio: dos administrativos, cuatro auxiliares administrativos y un técnico de prevención de riesgos laborales. Pero el decreto va más allá y blinda también el resto de puestos de los años 2022, 2023 y 2024 que quedaron en el aire, incluyendo perfiles como conserjes, albañiles, jardineros, herreros y peones.

La medida es preventiva. Si el Ayuntamiento no consolidaba estos procesos, se exponía a nuevas demandas sindicales solicitando la caducidad por inactividad. Los informes internos del área de Personal son claros: el municipio necesita cubrir vacantes para que el personal actual no se vea desbordado por el reparto de tareas en la prestación de servicios municipales.

El documento oficial confirma que esta nueva OEP complementaria ya ha pasado por la mesa de negociación con los representantes de los empleados. La resolución pone fin a la vía administrativa, aunque los interesados todavía tienen la posibilidad de presentar recursos de reposición o contencioso-administrativos si consideran que existe algún punto susceptible de impugnación.

Todo sigue en el aire. La administración busca salvar las plazas mediante este nuevo marco legal mientras los sindicatos mantienen su presión sobre los tiempos de ejecución.