Lorca estrena ordenanza contra el vandalismo y el ruido excesivo

Lorca estrena este martes una nueva normativa municipal para poner coto a las conductas que degradan la vida en común. La Ordenanza de Convivencia Ciudadana ya es oficial y viene cargada con un catálogo de prohibiciones que afectan tanto a lo que haces en la calle como a lo que sucede en el interior de los domicilios.

El texto, que entra en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín, establece un régimen sancionador que divide las multas en tres niveles. Las infracciones leves pueden costar hasta 750 euros, las graves oscilan entre los 750,01 y los 1.500 euros, y las muy graves alcanzan los 3.000 euros. El Ayuntamiento introduce una novedad: la posibilidad de conmutar estas sanciones económicas por trabajos en beneficio de la comunidad, aunque esta opción queda pendiente de que la Junta de Gobierno Local defina los detalles y plazos en un acuerdo posterior.

El documento pone el foco en los ruidos y el mobiliario urbano. Se prohíbe el uso de equipos de música, gritos o portazos que molesten al vecindario, así como el funcionamiento de electrodomésticos fuera de horario. También se persigue el vandalismo contra farolas, fuentes y bancos, y se regulan aspectos tan cotidianos como tender la ropa en las fachadas o acumular enseres en los balcones.

La venta y consumo de alcohol en la vía pública queda restringida, prohibiéndose las barras auxiliares o portátiles sin autorización expresa. Además, los comercios que vendan bebidas alcohólicas deberán limitar su horario de venta entre las 08:00 y las 22:00 horas, prohibiéndose su exposición en escaparates o zonas fácilmente visibles desde la calle.

Se prohíbe la mendicidad insistente o aquella que utilice a menores como reclamo, así como la actividad de los aparcacoches improvisados en semáforos. En el caso de los menores, el texto prevé la intervención inmediata de los servicios sociales.

El Ayuntamiento se personará en los procesos judiciales cuando una conducta atente gravemente contra la convivencia. La normativa otorga a la Policía Local la facultad de retirar cautelarmente el género o los medios empleados en las infracciones, como los equipos de música o los puestos de venta sin permiso.

Los propietarios de locales tienen ahora un plazo de 6 meses para adaptar sus licencias de apertura si pretenden seguir vendiendo alcohol en las condiciones que marca la nueva norma. Pasado ese tiempo, la venta sin autorización supondrá el cese inmediato de la actividad.

La norma tipifica como infracción grave la negativa a facilitar información a los agentes durante una inspección. La prudencia es aconsejable.