Financiación garantizada para la Fundación de Resolución de Conflictos
La Comunidad inyecta 176.800 € en la Fundación que gestiona la mediación laboral en Murcia durante 2026. Los fondos cubren desde las tareas de arbitraje hasta los estudios del Observatorio de Negociación Colectiva.
La Fundación Oficina Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales, conocida en los círculos sindicales y patronales como la entidad que evita que muchas desavenencias lleguen a los juzgados, tiene asegurada su financiación para el año 2026. El Gobierno regional ha publicado el decreto que articula esta concesión directa de fondos públicos, garantizando la continuidad de sus tareas de mediación y arbitraje en la Región de Murcia.
Datos clave
- Plazo
- 3 meses tras finalizar 2026
- Importe
- 176.800 €
- Funcionamiento
- 108.800 €
- Observatorio
- 68.000 €
- Beneficiario
- Fundación Oficina Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales
El importe total que la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social destina a la Fundación alcanza los 176.800 €. Este montante no es una cifra única, sino que se reparte entre dos líneas de trabajo muy concretas y diferenciadas en los presupuestos autonómicos.
La partida más cuantiosa, con 108.800 €, se dirige específicamente a sufragar los gastos de funcionamiento de la oficina. Es el motor administrativo que gestiona las citaciones, las actas y las comparecencias de los trabajadores y empresas en conflicto. Sin estos recursos, el engranaje que permite resolver controversias sin pasar por el juzgado se detendría.
Los 68.000 € restantes se destinan al Observatorio de Negociación Colectiva. Esta área se ocupa de documentar, estudiar y difundir cómo evolucionan los convenios colectivos en Murcia. Es el cerebro analítico que nutre a los negociadores con datos sectoriales y estudios sobre el estado de las relaciones laborales en la Comunidad.
El carácter paritario de la Fundación, integrada por CC.OO, UGT y CROEM, es la razón por la que el Ejecutivo considera improcedente una convocatoria pública abierta a otros candidatos. Dado que no existe competencia para estas funciones específicas, el decreto justifica la concesión directa basándose en su interés público y social.
El convenio exige que cada euro esté justificado con facturas y documentos probatorios. No se aceptan gastos en comidas ni inversiones en activos fijos, y cualquier desviación superior al 20 por ciento en las partidas declaradas obligará a una devolución proporcional de la ayuda.
La entidad tiene tres meses de plazo tras finalizar el año 2026 para presentar ante la Dirección General de Trabajo la memoria de actuación y la justificación económica. En el caso de que la ejecución total del gasto no se realice, la Fundación deberá reintegrar la diferencia a las arcas regionales.
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