Consejo de Gobierno·Boletín Bien de la Región de Murcia,

1.680.000 euros para reforzar los equipos de infancia en Murcia

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La Comunidad Autónoma reparte 1,68 millones de euros entre 33 entidades locales para contratar profesionales especializados en protección de menores. El plazo de ejecución ya está en marcha.

Los ayuntamientos y mancomunidades de la Región de Murcia tienen luz verde para reforzar sus equipos de atención a menores. La Comunidad Autónoma acaba de aprobar la concesión directa de subvenciones para impulsar los servicios de atención a la infancia y la familia en los centros de atención primaria, un movimiento que busca prevenir situaciones de riesgo desde el entorno cercano y evitar, en la medida de lo posible, la separación del menor de su núcleo familiar.

Datos clave

Importe total
1.680.000 €
Entidades
33 ayuntamientos y mancomunidades
Periodo ejecución
1 de abril de 2026 a 31 de marzo de 2027
Justificación
2 meses tras finalizar la ejecución

El fondo total destinado a este refuerzo asciende a 1.680.000 euros. Esta cifra se reparte equitativamente entre fondos propios de la administración regional y recursos aportados por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Treinta y tres entidades locales se reparten estas ayudas. Cartagena encabeza la lista con 171.238,08 euros, seguida por el Ayuntamiento de Murcia con 153.824,60 euros y Lorca con 78.265,86 euros. En el extremo opuesto, la Mancomunidad del Valle de Ricote recibe 15.829,95 euros.

El dinero tiene nombres y apellidos técnicos: financiará la contratación de psicólogos, trabajadores sociales y educadores especializados. Estos equipos deberán centrarse en la detección precoz de situaciones de desprotección, la intervención con familias en riesgo moderado y la formación frente a problemas como el ciberacoso o el abuso sexual infantil.

Todo el proyecto cuenta con un periodo de ejecución cerrado, marcado desde el 1 de abril de 2026 hasta el 31 de marzo de 2027. Los plazos no son ampliables.

Las entidades locales tienen ahora la responsabilidad de ejecutar las acciones presentadas en sus proyectos técnicos. La justificación de los fondos debe realizarse en los dos meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución. El control es estricto. Las entidades deberán presentar memorias justificativas que el órgano concedente verificará mediante muestreos de al menos el 30 por ciento del coste total.

La norma incluye la obligatoriedad de que todo el personal en contacto con menores cumpla los requisitos de idoneidad previstos en la Ley Orgánica de protección a la infancia frente a la violencia. La transparencia es la regla.

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