Murcia reparte casi 2 millones para reforzar los servicios sociales

El refuerzo de las plantillas en los servicios sociales de atención primaria de la Región de Murcia sigue siendo una prioridad para la administración autonómica. Este verano, el Consejo de Gobierno ha formalizado un nuevo decreto para inyectar 1.973.296,99 € en las arcas de ayuntamientos y mancomunidades, asegurando la continuidad del personal que ya trabaja en primera línea.

La medida busca mejorar las ratios de profesionales por habitante, cumpliendo con la Ley 3/2021 de servicios sociales. El importe total se divide entre una treintena de entidades locales, con la capital, Murcia, a la cabeza al recibir 335.205,59 € para financiar once jornadas completas de trabajador social. Cartagena le sigue en volumen de fondos, con 182.839,41 € destinados a seis jornadas completas.

El reparto no es uniforme y depende de las necesidades detectadas. Por ejemplo, Los Alcázares recibe 163.159,93 € para cubrir cinco jornadas, mientras que en el otro extremo, las mancomunidades como la del Río Mula cuentan con 7.618,31 € para una jornada parcial del 0,25. Cada ayuntamiento debe cubrir al menos el 25 por ciento del coste salarial total, aportando así su parte al esfuerzo compartido.

Este dinero no es una novedad, sino el mantenimiento de un camino ya iniciado. Las entidades locales tienen hasta el 16 de septiembre de 2026 para solicitar formalmente las ayudas a través de la sede electrónica de la Comunidad Autónoma. El procedimiento se gestiona bajo la referencia P-3494, siendo el código de destino el A14028750.

El decreto permite imputar contrataciones realizadas desde el 1 de enero de 2026, facilitando así la justificación de gastos ya en marcha. Los profesionales contratados deberán integrarse plenamente en los equipos interdisciplinares, atendiendo al programa establecido por la Ley 3/2021 y bajo la supervisión de la Dirección General de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad.

Las exigencias de justificación son claras: memoria justificativa y certificación de gastos. Todo debe estar digitalizado y presentado en un plazo de tres meses tras el fin del periodo de ejecución, el cual no podrá exceder el 31 de diciembre de 2027.

El cumplimiento de estos objetivos es estricto. Si una plaza queda vacante, el ayuntamiento debe cubrirla cuanto antes. Las bajas deben ser sustituidas en un máximo de dos meses para evitar reintegros, garantizando que el ratio de atención no se resienta durante el ejercicio presupuestario.