I-DE Redes Eléctricas recibe luz verde para una línea en Yecla

El trazado eléctrico de Yecla se prepara para una actualización técnica que, sobre el papel, tiene nombres y apellidos de empresa, pero que en la práctica supone mover tierra y derechos sobre fincas particulares. La Dirección General de Industria, Energía y Minas ha dado luz verde al proyecto de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes para la nueva línea de 132 kV que conectará la subestación Romeral.

La obra no es menor, aunque la distancia parezca contenida: hablamos de 406 metros de línea de alta tensión, con la particularidad de que la inmensa mayoría, 383 metros, se desplegarán de forma subterránea, dejando apenas 23 metros para el tramo aéreo que se enganchará en el apoyo 28BIS de la línea ya existente. El presupuesto de la instalación se ha fijado en 789.593 €.

Este trámite viene acompañado de una declaración de utilidad pública. Esto significa, en términos llanos, que se habilita a la empresa para la ocupación urgente de los bienes o la adquisición forzosa de los derechos que sean necesarios para instalar la infraestructura. La normativa de expropiación forzosa queda, por tanto, activada.

El proyecto ha superado el periodo de información pública, donde se incluyó una relación detallada de las fincas afectadas. Aunque inicialmente se detectó un error material en la identificación de dos de ellas, las fincas número 4 y 6, el segundo anuncio aclaratorio no recibió alegaciones por parte de particulares, empresas o asociaciones durante el plazo reglamentario.

La resolución impone condiciones estrictas. La empresa tiene ahora un máximo de 24 meses para completar la obra desde el momento en que cuente con todas las autorizaciones y permisos necesarios. Antes de tocar un solo metro de terreno, deberán obtener las actas de ocupación de las fincas y avisar con 15 días de antelación a la Dirección General.

La responsabilidad del mantenimiento y la seguridad recae íntegramente sobre I-DE Redes Eléctricas Inteligentes. Cualquier modificación sustancial en el proyecto técnico obligará a empezar de nuevo con las autorizaciones administrativas. La Administración supervisará tanto la construcción como el resultado final antes de la puesta en servicio.

El ingeniero encargado del diseño del proyecto es Pablo Lozano Fernández, vinculado al Colegio de Ingenieros Industriales del Principado de Asturias. Los interesados que se sientan perjudicados por esta resolución aún disponen de un mes para interponer un recurso de alzada ante la Consejería regional. Es el plazo legal.