Santomera, Cruz Roja y otras entidades logran las ayudas Eurovida
Ver las 71 ayudas abiertas en la Región de Murcia →El Servicio Murciano de Salud distribuye más de 33.000 euros para fomentar la contratación en el mercado ordinario. Cinco entidades locales reciben fondos para el mantenimiento de puestos de trabajo.
El Servicio Murciano de Salud ha puesto nombre a los beneficiarios de su programa Eurovida 2026. Se trata de un total de 33.429,03 euros destinados a facilitar la inclusión sociolaboral de personas que atraviesan procesos de recuperación por trastornos mentales graves o adicciones.
Datos clave
- Importe total
- 33.429,03 €
- Beneficiarios
- Fund. Entorno SLOW, AFESMO, Ayto. Santomera y Cruz Roja
- Finalidad
- Inclusión laboral de personas con trastornos o adicciones
- Plazo justificación
- 2 meses tras finalizar la actividad
El grueso del dinero se reparte entre cinco entidades que han demostrado cumplir con los requisitos para mantener o crear puestos de trabajo en el mercado ordinario. Fund. Entorno SLOW encabeza la lista al recibir dos ayudas: 8.547,00 euros para un primer mantenimiento y 5.128,20 euros para un segundo. Estas cantidades cubren doce meses de actividad laboral a jornada completa.
La Fundación AFESMO también figura en la relación con una ayuda de 2.659,83 euros. En este caso, el contrato subvencionado corresponde a una jornada del 38,9 por ciento, adaptada a las necesidades específicas del puesto cubierto.
Por su parte, el Ayuntamiento de Santomera y la Cruz Roja Española reciben 8.547,00 euros cada uno para sendos contratos a jornada completa. Ambas entidades han logrado la validación necesaria para recibir el abono anticipado de estas cuantías.
El expediente no deja lugar a dudas sobre la naturaleza del proceso. El trámite ha sido de concurrencia especial: una vez verificada la documentación de cada solicitante, se ha procedido a la adjudicación directa hasta agotar el crédito disponible. No ha hecho falta una comparativa entre aspirantes.
Las entidades beneficiarias tienen ahora la obligación de justificar la aplicación de los fondos en un plazo máximo de dos meses. Ese tiempo empieza a contar una vez finalizado el periodo subvencionado para cada contrato.
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