Nuevas normas para campamentos y actividades infantiles en Euskadi

Los responsables de actividades y campamentos infantiles tienen desde este viernes un nuevo marco normativo al que ajustar su gestión diaria. El Parlamento Vasco ha publicado la modificación de la Ley de Juventud, que introduce cambios significativos en cómo se comunican las actividades a la administración y qué requisitos debe cumplir el personal que trabaja con menores.

La principal novedad es el paso de la comunicación previa a la declaración responsable. Esto implica que, antes de arrancar cualquier actividad, el organizador debe asumir toda la responsabilidad legal sobre el cumplimiento de la normativa. Además, el personal que tenga contacto con menores deberá aportar obligatoriamente un certificado negativo de delitos de naturaleza sexual, un documento que a partir de ahora tendrá que renovarse anualmente.

El texto también refuerza el control sobre las instalaciones. A partir de ahora, tanto los servicios públicos como los privados deberán contar con una resolución administrativa expresa tras acreditar los requisitos técnicos que el Gobierno Vasco desarrolle en futuras normas reglamentarias. En el caso concreto de las acampadas al aire libre, se mantiene la exigencia de contar con el informe favorable del ayuntamiento o junta administrativa local, sumando ahora la autorización explícita de la propiedad del terreno.

El régimen sancionador se ha endurecido notablemente para evitar irregularidades. Carecer de un seguro de responsabilidad civil o no disponer de las medidas de seguridad exigidas ya no son cuestiones menores, sino que se tipifican ahora como infracciones graves. Lo mismo ocurre con permitir la participación de menores no emancipados sin la debida autorización escrita de sus tutores o no contar con personal titulado.

La nueva ley, firmada por el lehendakari Imanol Pradales Gil, también clasifica como infracciones muy graves cualquier actuación que promueva la violencia o conductas discriminatorias hacia la juventud, así como la omisión negligente de las atenciones básicas que los participantes necesiten durante el desarrollo de la actividad.

Este cambio legal busca modernizar un sector que, tras los últimos años, requería una mayor claridad administrativa. Aunque los detalles procedimentales sobre cómo presentar la declaración responsable se desarrollarán más adelante, la exigencia de transparencia y seguridad para quienes trabajan con menores en Euskadi ya es, desde hoy, un deber legal ineludible.