Euskera en la Academia de Policía: el acuerdo con HABE para 2026
La Academia Vasca de Policía y Emergencias delega en HABE la formación lingüística de sus agentes con un presupuesto máximo de 1.150.000 euros para este año.
Los futuros ertzainas y aquellos agentes que necesiten acreditar sus perfiles lingüísticos tendrán este año una hoja de ruta marcada por la colaboración entre instituciones. El Gobierno Vasco ha formalizado una encomienda de gestión para que sea el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos, HABE, quien se encargue de la maquinaria pedagógica necesaria para el aprendizaje del euskera.
Datos clave
- Importe
- 1.150.000 €
- En vigor
- Hasta el 31 de diciembre de 2026
- Dónde
- Centros de Arkaute, Erandio, Oiartzun e Iurreta
El acuerdo, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, responde a una necesidad operativa: la Academia Vasca de Policía y Emergencias no dispone de los medios humanos y materiales suficientes para impartir toda la carga lectiva requerida por el alumnado de ingreso en la escala básica y los funcionarios que aspiran a los dos primeros perfiles lingüísticos.
La actividad docente se repartirá físicamente en los centros de Arkaute, Erandio, Oiartzun e Iurreta, donde HABE asumirá la impartición de las clases, la evaluación de los alumnos y el seguimiento de su asistencia. Los detalles de este aprovechamiento deberán ser reportados puntualmente a la Academia de Policía para su control administrativo.
El montante económico fijado para esta encomienda alcanza los 1.150.000 euros, IVA incluido. Esta partida cubrirá tanto los servicios docentes como los materiales didácticos entregados al alumnado y los desplazamientos del profesorado de los euskaltegis cuando sea necesario, bajo las condiciones habituales de indemnización por razón de servicio.
La titularidad de las competencias sigue recayendo íntegramente en la Academia, que mantiene la responsabilidad de dictar cualquier acto o resolución jurídica que nazca de esta formación. El pacto incluye una cláusula de extinción anticipada por incumplimiento de las condiciones, que entraría en vigor tras un preaviso de tres meses, garantizando que el flujo de enseñanza no se detenga sin una notificación formal entre ambas partes.
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