El Puerto de Bilbao y el Gobierno Vasco impulsan el uso del euskera
El Puerto de Bilbao y el Gobierno Vasco sellan una colaboración para integrar el euskera en la gestión portuaria. El acuerdo se centra en el asesoramiento técnico para el uso del idioma en la atención al cliente.
El Puerto de Bilbao se suma al plan de normalización del uso del euskera en sus instalaciones y servicios. El Gobierno Vasco y la Autoridad Portuaria han formalizado un convenio de colaboración para que el idioma tenga una presencia real y efectiva en el día a día del recinto portuario de Santurtzi.
Datos clave
- Vigencia
- 4 años
- Prórroga
- 4 años adicionales
- Objeto
- Normalización del uso del euskera
- Coste
- Sin gasto extra
El acuerdo, aunque firmado originalmente en mayo de 2018, recibe ahora publicidad oficial en el boletín. No implica gasto extra para ninguna de las dos partes, ya que se centra en el asesoramiento técnico y jurídico, además de incluir al puerto en las campañas de promoción lingüística que diseña la Viceconsejería de Política Lingüística.
La Autoridad Portuaria se compromete a que el euskera gane terreno en tres frentes: la atención a la ciudadanía, la señalización y el paisaje lingüístico, y las comunicaciones tanto orales como escritas. El objetivo es que la lengua propia de Euskadi sea una herramienta operativa más en las relaciones con clientes y otras administraciones públicas.
El Gobierno Vasco, por su parte, actúa como guía y apoyo. Cuando los responsables del puerto lo soliciten, la Viceconsejería ofrecerá acompañamiento técnico para el diseño de planes de euskera, además de mediar en los esfuerzos por incrementar el uso de la lengua en las relaciones laborales con otras entidades estatales.
Las dos partes han fijado una vigencia inicial de cuatro años para este marco de cooperación. El convenio contempla la posibilidad de una prórroga por otro periodo de igual duración, siempre que haya acuerdo entre los firmantes antes de que venza el plazo original.
La letra pequeña del texto aclara que este pacto no crea obligaciones legales vinculantes ni supone cambios en los presupuestos vigentes. Se trata de un compromiso de voluntad institucional.
Una comisión de seguimiento compuesta por un miembro de cada administración resolverá cualquier duda o conflicto que surja en la interpretación de los acuerdos. Si las discrepancias persisten, el asunto quedaría bajo la supervisión de la jurisdicción contencioso-administrativa.
El convenio ya es oficial.
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