Gobierno Vasco y Estado cierran el litigio sobre los presupuestos 2026

El Gobierno Vasco y el Estado han puesto punto final a sus diferencias sobre los presupuestos de este año. La Comisión Bilateral de Cooperación, el órgano encargado de suavizar asperezas entre administraciones, ha ratificado un acuerdo que zanja las discrepancias abiertas por la disposición final décima de la Ley 7/2025.

Todo se reduce a cómo leer la norma para evitar un choque de competencias ante el Tribunal Constitucional. El conflicto se centraba en dos puntos clave de la ley presupuestaria que ahora han quedado aclarados mediante criterios de interpretación.

Primero, las políticas de promoción económica mencionadas en el texto se ceñirán exclusivamente a actividades de fomento. Se trata de un matiz importante para ajustar el alcance de la ley a lo que se justificó durante su tramitación parlamentaria.

Segundo, cualquier actuación deberá alinearse con el artículo 11 de la Ley 2/2014 sobre acción exterior del Estado. El acuerdo también aclara que las referencias a la Estrategia Europea de Seguridad no son una carta blanca, sino que deben respetar escrupulosamente los principios del Derecho de la Unión Europea.

El documento firmado por el ministro Ángel Víctor Torres Pérez y la consejera María Ubarrechena Cid confirma que la controversia ha terminado. Ambas administraciones han acordado comunicar esta resolución al Tribunal Constitucional para desactivar el litigio.

Se acabó el ruido.

La publicación oficial de este pacto en el Boletín Oficial del País Vasco, firmada por el viceconsejero Kepa Bilbao Gaubeca, es el paso final para dar por superado el escollo legal. Las cuentas de 2026 siguen su curso sin la sombra de una impugnación.