El Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa renueva sus estatutos
La nueva normativa que rige el ICAGI entra en vigor en agosto y detalla desde el voto telemático hasta el régimen disciplinario que afecta a los colegiados.
El Ilustre Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa (ICAGI) estrena normas de juego. Tras años de tramitación administrativa, el Gobierno Vasco ha dado luz verde definitiva a la modificación de sus estatutos, que regularán desde el funcionamiento interno hasta la relación de los letrados con el colegio. La nueva normativa será plenamente efectiva dentro de dos meses, a finales de agosto de 2026.
Datos clave
- Entrada en vigor
- 24 de agosto de 2026
- Duración mandato
- 5 años para los miembros de la Junta de Gobierno
- Plazo rehabilitación
- 5 años desde la ejecución de la expulsión
- Requisito votación
- Estar al corriente del pago de las cuotas
El documento establece reglas claras para el ejercicio de la profesión y la vida corporativa. Uno de los puntos clave es la modernización de los procesos electorales y participativos, incluyendo la habilitación expresa del voto telemático, siempre que se garantice la identidad y el secreto. Además, el texto define con mayor precisión las incompatibilidades profesionales y los mecanismos de protección del secreto profesional.
La organización del colegio también experimenta ajustes significativos. La Junta de Gobierno mantendrá una composición de entre 10 y 20 miembros, con mandatos de 5 años renovables parcialmente. El decanato conserva su carácter vitalicio en la denominación honorífica, mientras que las funciones de las comisiones y la Escuela de Práctica Jurídica quedan ahora vinculadas directamente a la supervisión de la Junta.
El régimen sancionador se endurece en aspectos específicos como la falsedad en la justificación del turno de oficio o la falta de disponibilidad durante las guardias, tipificadas expresamente como infracciones muy graves. El texto también regula con detalle la rehabilitación de los profesionales expulsados, que deberán esperar 5 años desde que la sanción se ejecutó para solicitar su vuelta.
En cuanto a la atención a la ciudadanía, se refuerza el papel de la ventanilla única. El colegio deberá ofrecer acceso gratuito al registro de colegiados y sociedades profesionales, además de tramitar reclamaciones de forma electrónica para facilitar la defensa de los derechos de los consumidores.
La norma derogatoria deja sin efecto los anteriores estatutos, cerrando una etapa marcada por las sucesivas modificaciones desde 2021. Los procedimientos sancionadores que estuvieran en trámite seguirán su curso bajo la normativa anterior, pero el resto de la vida colegial se ajustará a este nuevo marco estatutario tras el verano.
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