Reajuste de puestos en la Administración Pública de Euskadi
El Gobierno Vasco ha formalizado una modificación en la relación de puestos de trabajo de la administración autonómica. El ajuste afecta a plazas administrativas y puestos técnicos especializados en diversas áreas.
El organigrama de la administración pública vasca se ajusta de nuevo. Un decreto publicado esta semana formaliza varios cambios en la relación de puestos de trabajo de la Comunidad Autónoma de Euskadi, moviendo piezas en la estructura de diversos departamentos y organismos. La medida, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 7 de julio, entra en vigor hoy.
Datos clave
- Efectos
- 25 de julio de 2026
- Qué cambia
- Amortización, creación y modificación
- Recurso reposición
- 1 mes
- Recurso contencioso
- 2 meses
El ajuste es contable.
Se amortizan plazas de auxiliar general, que desaparecen de la relación oficial, y se crean nuevos puestos de administrativo general. La modificación también afecta a perfiles muy especializados, como los técnicos de seguros o los especialistas en didáctica de la lengua, cuyas condiciones aparecen ahora redefinidas en los anexos publicados por el Gobierno Vasco.
La mayor parte de los movimientos se concentra en la Dirección de Acción Exterior y el ámbito de las relaciones multilaterales. Allí, una quincena de puestos de técnico especialista de acción exterior han sido objeto de modificaciones técnicas que actualizan su ficha oficial de cara a los procedimientos de provisión y selección.
Estas modificaciones son el resultado de los procesos de análisis funcional realizados por los servicios técnicos del ejecutivo. El decreto, firmado por el lehendakari Imanol Pradales y la consejera María Ubarrechena, no solo reordena las estructuras internas, sino que da cumplimiento a la ley de empleo público vasco vigente.
Los funcionarios y el personal afectado pueden consultar los detalles técnicos de su puesto en el anexo. Si alguno de los cambios afecta a una plaza concreta, el plazo para interponer un recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno es de un mes, o de dos meses en caso de optar por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
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