Donostia y Gobierno Vasco pactan impulsar casi 5.000 nuevas viviendas

Donostia ya tiene una hoja de ruta pactada con el Gobierno Vasco para intentar poner freno a la escasez de vivienda. El Ayuntamiento y el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana han rubricado un protocolo que pone el foco en la promoción de pisos protegidos y alojamientos dotacionales en régimen de alquiler para los próximos ocho años.

El documento identifica hasta diez zonas clave en la ciudad donde se prevé habilitar suelo para construir. En el corto y medio plazo, el foco se pone en ámbitos ya conocidos por los donostiarras: Txomin Enea lidera la lista con 315 unidades proyectadas entre protección social y alojamientos, seguido de Antzita con 387, Jolastokieta con 169, Campos Eliseos con 98, Rodil con 9 y Apostolado con 16.

La lista de intenciones no termina ahí. A largo plazo, el protocolo contempla un potencial de más de 4.000 unidades adicionales en espacios como los antiguos Cuarteles de Loiola, Auditz Akular en Altza, Sarrueta en Martutene y la zona de Playa Vías en Amara. Estas cifras son, por ahora, orientativas y dependen de futuros desarrollos urbanísticos.

La principal novedad es el compromiso de cesión gratuita de parcelas municipales al Ejecutivo autonómico. Con este paso, ambas administraciones buscan agilizar la construcción en suelo que, una vez edificado, tendrá la calificación de bien demanial afectado a servicio público, garantizando así su uso para alquiler asequible.

Para facilitar el proceso, el Ayuntamiento se ha comprometido a aplicar una bonificación del 95 por ciento en el impuesto de construcciones, el ICIO, en todas aquellas promociones destinadas a alquiler durante un periodo mínimo de medio siglo. Además, se suprimirán tasas administrativas para estas obras.

El acuerdo establece un requisito específico para los futuros inquilinos. En los convenios que se firmen para cada parcela, se exigirá una antigüedad mínima de empadronamiento en Donostia de tres años seguidos o cinco alternos durante la última década.

Para controlar que este papel no se quede en un simple brindis al sol, las instituciones crearán una Comisión Mixta de Seguimiento. Este órgano, compuesto por seis representantes, se reunirá al menos una vez al año para vigilar que las grúas empiecen a moverse según lo previsto.

Los detalles concretos de cada promoción se irán desgranando en convenios específicos, parcela a parcela. El pacto tiene una vigencia inicial de ocho años, prorrogables por otros cuatro si ambas partes deciden mantener el rumbo.