Ayudas de 494.925 € para las Oficinas de Justicia de los ayuntamientos
Ver las 42 ayudas abiertas en el País Vasco →El Gobierno Vasco reparte casi medio millón de euros para cubrir los gastos de funcionamiento de las Oficinas de Justicia municipales. Los ayuntamientos tienen un mes para solicitar su parte del presupuesto.
Las Oficinas de Justicia de los ayuntamientos vascos tienen sus cuentas de 2026 sobre la mesa. El Gobierno Vasco ha movilizado un total de 494.925 € para cubrir los gastos de funcionamiento de estas dependencias municipales, desde la luz hasta el material de oficina o el personal adscrito al servicio. No es una partida única y lineal, sino un reparto modulado por habitantes, agrupaciones de secretarías y la presencia de centros penitenciarios.
Datos clave
Cierra en 29 días- Plazo
- Hasta el 23 de noviembre de 2026
- Beneficiario
- Ayuntamientos de la CAPV con Oficina de Justicia
- Cuantía
- 494.925 € en total
- Cómo solicitar
- Sede electrónica del Gobierno Vasco
La distribución final de estas ayudas, publicada este viernes en el Boletín Oficial del País Vasco, asigna cuantías que oscilan desde los 875 € básicos hasta los 9.400 € que recibe Basauri, donde la cifra se dispara por el complemento de centro penitenciario. Los importes se basan en una escala poblacional que parte de los 875 € para municipios de hasta 499 habitantes y alcanza los 7.550 € para los que superan los 40.000 vecinos.
El sistema de cálculo incluye ajustes específicos. Los municipios cuyas oficinas estén integradas en agrupaciones con personal propio ven su ayuda ajustada al 85 % de la base, mientras que las sedes de esas mismas agrupaciones reciben un extra del 15 % por cada municipio integrado. Para este ejercicio, además, se ha aplicado un incremento lineal de 75 € por tramo.
Para cobrar el dinero, los ayuntamientos deben tramitar su solicitud por vía electrónica. El plazo es de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la norma. Es el único camino.
La justificación vendrá después. Los consistorios tienen los tres primeros meses de 2027 para presentar una memoria donde deberán detallar los gastos reales y confirmar que han alcanzado, al menos, el importe concedido. Sin esta rendición de cuentas, el dinero podría reclamarse con intereses.
Las ayudas son compatibles con otras fuentes de financiación, siempre que la suma no supere el coste total del servicio. Si el dinero público recibido excede el gasto, la subvención se recorta automáticamente. La gestión recae en la Dirección de la Administración de Justicia, que se reserva la potestad de comprobar que cada euro declarado se corresponde con la realidad diaria de la oficina judicial del municipio.
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