2,5 millones para el patrimonio: 13 proyectos seleccionados

Trece proyectos de conservación patrimonial se reparten este otoño un fondo foral de 2.500.000 euros. La resolución del Departamento de Cultura para la puesta en valor y difusión del Patrimonio Cultural Vasco ya tiene destinatarios, y el abanico de beneficiarios deja una foto fija de qué edificios y elementos históricos son prioridad en Euskadi hasta el año 2028.

El abono de estas ayudas no es un pago único. El Gobierno Vasco ha establecido un sistema fraccionado: un tercio de la subvención se abonará tras la concesión, mientras que el resto se liquidará conforme a los plazos específicos de justificación de gasto de cada beneficiario. Las actividades deben estar iniciadas este mismo año 2026.

Los importes concedidos muestran proyectos de distinta envergadura. Entre los beneficiarios figuran ayuntamientos como el de Asparrena, que recibe 250.000 euros para la rehabilitación de una vivienda en la Herriko Enparantza, y el de Valle de Trápaga-Trapagaran, que obtiene otros 250.000 euros para el kiosko de música. Por el contrario, Zeberio recibirá 45.620 euros para el área protegida del cinturón de hierro en Kantara.

La lista de beneficiarios incluye entidades privadas y religiosas, además de las locales. El Obispado de Bilbao, por ejemplo, percibe 225.504 euros para la Iglesia de San Antón, mientras que la Parroquia de San Salvador de Usurbil cuenta con 226.567 euros para sus tareas de puesta en valor. La empresa Albelaitz S.L. se lleva 232.806 euros para la fase uno de los edificios de viviendas en Bergara.

No todas las peticiones han llegado a buen puerto. El Anexo I de la resolución detalla nueve solicitudes inadmitidas, muchas de ellas por no tratarse de Bienes Culturales declarados o por exceder las competencias municipales al ser responsabilidad de las Diputaciones Forales. Otros seis ayuntamientos se quedaron fuera por falta de crédito presupuestario pese a superar la puntuación técnica mínima de 60 puntos.

El calendario de ejecución es estricto y se extiende hasta finales de 2028. La justificación de los gastos debe realizarse de forma anual, con el 15 de diciembre como fecha límite para presentar las facturas de cada ejercicio. El incumplimiento de estos plazos supone la pérdida del derecho al cobro de las anualidades restantes.

Si no estás de acuerdo con la resolución, el plazo para interponer un recurso de alzada ante la vicepresidencia primera es de un mes. Contará desde el día siguiente a la notificación oficial o a la publicación de este texto en el boletín. El viceconsejero Andoni Iturbe firma la resolución que cierra este proceso de selección iniciado en mayo.