Brenes estrena ordenanza de tráfico: nuevas normas y sanciones

Brenes ha puesto al día las normas que rigen cómo nos movemos por sus calles. El Ayuntamiento ha aprobado de forma definitiva la nueva ordenanza municipal de tráfico, circulación y seguridad vial, un documento que ya es oficial tras su publicación en el boletín provincial y que viene a sustituir las anteriores pautas para adaptarlas a la normativa estatal vigente. Esta normativa afecta a todos los usuarios de la vía, desde peatones hasta conductores de vehículos a motor, bicicletas y vehículos de movilidad personal.

La nueva regulación entra en vigor a mediados de octubre, tras cumplirse los 15 días hábiles desde su publicación. El texto no solo detalla las normas de comportamiento para circular con diligencia y sin distracciones, sino que endurece las sanciones por infracciones graves, como el uso del teléfono móvil mientras se conduce o la circulación sin luces en el caso de las bicicletas. Además, se prohíbe explícitamente el uso de cascos o auriculares conectados a aparatos receptores de sonido durante la conducción.

El estacionamiento también recibe una atención pormenorizada. La norma establece claramente qué es una detención, una parada y un estacionamiento, prohibiendo este último en lugares como doble fila, delante de vados señalizados o en zonas de carga y descarga fuera de horario. El texto incluye un anexo con las sanciones específicas, que van desde los 80 euros para infracciones leves hasta los 6.000 euros para las más graves, como las vinculadas a la inmovilización de vehículos que carezcan de seguro obligatorio o superen los niveles de gases y ruido permitidos.

El documento aclara que la Policía Local de Brenes será la encargada de denunciar las infracciones y dirigir el tráfico en el casco urbano. Si te ves en la situación de recurrir una sanción, el plazo de interposición del recurso de reposición es de un mes desde la notificación. Como medida de seguridad, la ordenanza faculta a la autoridad municipal para inmovilizar vehículos en casos de riesgo extremo o cuando el conductor se niegue a realizar las pruebas de alcoholemia, siendo los gastos de la grúa y el depósito siempre a cargo del infractor.