Catorce municipios cierran cuentas con la Diputación por el agua

Catorce municipios valencianos han recibido ya el visto bueno de la Diputación de Valencia para cerrar el capítulo financiero de sus proyectos de mejora en el ciclo integral del agua correspondientes al ejercicio 2022. La resolución administrativa, firmada el 17 de junio de 2026, pone orden a las subvenciones de la Fase III y confirma quién ha cumplido con la tarea y a quién le toca devolver una parte de la ayuda por no haber justificado la totalidad de lo prometido.

El grueso de la operación supone el pago de un total de 133.523,94 euros, fondos que la administración provincial transferirá a las arcas locales de los ayuntamientos beneficiarios. Este dinero llega para completar las cantidades concedidas inicialmente, siempre y cuando la contabilidad de las obras esté en orden y sin facturas pendientes de explicación.

No todos los municipios se llevan el total de lo esperado inicialmente. El anexo de la resolución detalla una serie de pérdidas parciales en el derecho al cobro que afectan a cuatro localidades: Alcublas, Bufali, Bonrepòs i Mirambell y Carrícola. En estos casos, la suma total de los importes no justificados alcanza los 16.476,06 euros.

Bonrepòs i Mirambell es, con diferencia, quien más ajusta su cifra final, con 10.908,93 euros que se quedan sin justificar. Le sigue Bufali, con 5.525,65 euros. Por su parte, los ajustes en Carrícola y Alcublas son mucho más modestos, de 41,46 euros y apenas 2 céntimos respectivamente.

El resto de beneficiarios, entre los que figuran localidades como Paiporta, Siete Aguas, Montesa, Vinalesa, Castielfabib, Casas Bajas, Dos Aguas, Benimodo, Alquería de la Condesa y Foios, han logrado acreditar correctamente la ejecución de sus proyectos, lo que les permite recibir el pago pendiente sin recortes adicionales.

La administración ya ha comunicado esta resolución a los interesados, quienes disponen de un mes para presentar, si así lo consideran, un recurso de reposición ante la propia Diputación o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses.