Albal estrena su Plan Antifraude ante la llegada de fondos europeos

El Ayuntamiento de Albal ya cuenta con un Plan de Medidas Antifraude, una hoja de ruta diseñada para blindar el uso de los fondos europeos frente a cualquier irregularidad. La aprobación definitiva de este protocolo, formalizada por el alcalde José Miguel Ferris Estrems, culmina un proceso iniciado en febrero que busca garantizar que cada céntimo recibido de la Unión Europea se gestione bajo estrictos estándares de integridad.

El documento no solo establece un código de conducta para los empleados públicos, sino que crea un Comité Antifraude encargado de vigilar el ciclo completo de los fondos. Este órgano tendrá potestad para abrir expedientes informativos ante cualquier sospecha, desde el fraccionamiento de gastos hasta la manipulación de ofertas en licitaciones.

Si el comité detecta indicios de fraude, el procedimiento administrativo se suspenderá de inmediato. El plan incluye además una batería de señales de alerta, conocidas como banderas rojas, que van desde el trato inexplicable de favor a contratistas hasta el aumento repentino y sin justificación del patrimonio de los cargos electos.

Como el municipio carece actualmente de medios propios para un buzón de denuncias interno, el plan establece un enlace directo con la Agencia Valenciana Antifraude. Cualquier sospecha fundada de corrupción será comunicada a este organismo, sin perjuicio de dar parte a la fiscalía si los hechos revisten carácter penal.

Para los interesados en contrataciones o subvenciones financiadas con el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia, será obligatorio firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses. El documento advierte que falsear esta información acarreará consecuencias disciplinarias, administrativas o judiciales.

Aunque el Ayuntamiento ya realizó una autoevaluación inicial ante la falta de recursos técnicos para constituir el comité formalmente, el plan marca el camino para que la vigilancia sea constante. El comité deberá reunirse al menos una vez por semestre, aunque podrá convocarse de manera extraordinaria ante cualquier alerta.

La normativa busca evitar prácticas como el fraccionamiento de compras para sortear los límites de adjudicación directa o la redacción de pliegos dirigidos a un único licitador. A partir de ahora, la transparencia en la gestión de estos fondos europeos deja de ser una recomendación para convertirse en una norma obligatoria.