Bocairent actualiza sus tarifas de agua y alcantarillado
Bocairent cambia el marco legal de sus recibos de agua y alcantarillado. La nueva ordenanza regula desde los plazos de pago hasta cómo se perseguirán los fraudes.
Bocairent estrena nuevas reglas para el agua potable y el alcantarillado municipal. El Ayuntamiento ha publicado la aprobación definitiva de su ordenanza reguladora, que transforma la naturaleza de los cobros: dejan de ser impuestos y pasan a denominarse tarifas por la prestación patrimonial pública no tributaria. El cambio, aunque parezca técnico, busca mayor seguridad jurídica en la gestión diaria del servicio.
Datos clave
- Facturación
- Trimestral
- Recurso
- 2 meses ante el Juzgado de València
- Fraude
- Cálculo basado en 3 horas de uso al día
La ordenanza aclara quién debe pagar y cuánto. Están obligados todos los usuarios que soliciten o se beneficien del suministro, ya sean particulares o empresas. Además, en edificios de uso industrial o comercial que carezcan de personalidad jurídica, la responsabilidad de pago recae de forma solidaria sobre todos los propietarios, aunque la comunidad de usuarios actuará como pagador principal.
El recibo se emitirá con una periodicitat trimestral. Para quienes tengan instalaciones eventuales o portátiles, la empresa gestora podrá exigir un depósito previo a cuenta, calculando el importe sobre un consumo estimado de tres horas diarias durante el tiempo que dure la autorización.
Si te preocupa el consumo irregular, la nueva normativa endurece la lucha contra el fraude. Manipular el contador o usar el servicio sin contrato permitirá al Ayuntamiento suspender el suministro, previo aviso de 15 días naturales. El cálculo del agua defraudada no será al azar: se multiplicará el caudal de referencia del aparato por las horas de uso estimado, fijadas en tres al día.
Las inspecciones serán frecuentes. El personal autorizado de la empresa gestora podrá visitar fincas y locales para comprobar el estado de los contadores y la correcta conexión a la red. Es obligatorio que estos operarios se identifiquen adecuadamente antes de cualquier acceso.
El alcalde, Xavier Molina, firma esta resolución tras no haberse presentado reclamaciones durante el periodo de exposición pública. Contra este acuerdo, cualquier interesado puede interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de València en el plazo de dos meses.
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