El parque solar Tara, en Tauste, se archiva sin permiso previo
La Dirección General de Política Energética y Minas deniega la autorización al proyecto fotovoltaico Tara por la caducidad de sus permisos de acceso a la red. El expediente queda definitivamente archivado.
El sueño energético de Energía Inagotable de Tara, SL, en el término municipal de Tauste, llega oficialmente a su fin. La Dirección General de Política Energética y Minas ha desestimado la solicitud de autorización administrativa previa para el parque solar fotovoltaico Tara y ha acordado el archivo definitivo del expediente, cerrando así un proceso que arrancó con fuerza hace cinco años.
Datos clave
- Estado
- Expediente archivado
- Potencia
- 23,7 MW
- Recurso
- 1 mes en alzada
Todo terminó por una cuestión de plazos. El proyecto, de 23,7 MW de potencia, necesitaba cumplir hitos administrativos críticos para mantener su viabilidad, pero el reloj jugó en su contra. La caducidad de sus permisos de acceso y conexión a la red de transporte, propiedad de Red Eléctrica de España, se produjo el 29 de octubre de 2023.
El detonante fue la falta de una declaración de impacto ambiental favorable en el periodo reglamentario de 31 meses desde la obtención inicial de los permisos. Ese incumplimiento administrativo, regido por el Real Decreto-ley 23/2020, marcó un punto de no retorno que ni siquiera las alegaciones posteriores pudieron revertir.
La empresa solicitó formalmente el archivo del expediente el pasado 29 de junio de 2026, facilitando así la clausura del procedimiento iniciado por la administración central. La resolución, firmada por Manuel García Hernández el 31 de agosto, pone punto final a las pretensiones de un parque que debía conectarse a través de una infraestructura eléctrica que atravesaba Zaragoza, Navarra, La Rioja, Álava y Burgos.
El archivo es total.
Si la promotora quisiera retomar el proyecto, tendría que iniciar desde cero. Contra esta resolución todavía cabe recurso de alzada ante la Secretaría de Estado de Energía, para lo cual existe un plazo de un mes desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
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