El control financiero de la Junta, bajo la lupa: 37.921 millones

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha puesto sobre la mesa un informe de fiscalización que merece una lectura detenida. Tras analizar cómo se ha sustituido el control previo por el control financiero permanente en la gestión de fondos públicos entre 2020 y 2024, el veredicto es claro: el sistema necesita ajustes urgentes para no perder la trazabilidad de lo que se audita.

El control financiero permanente, que se aplica a posteriori y permite un análisis más amplio que el antiguo control previo, ha sido el método elegido por la Junta para agilizar una gestión administrativa que, durante la pandemia, se vio desbordada. Sin embargo, el informe señala que gran parte de los acuerdos del Consejo de Gobierno que justifican este cambio se basan en motivaciones genéricas. Se ha pasado de una fiscalización ex ante, suspensiva y de legalidad, a un modelo posterior que busca la eficiencia, pero que ha dejado lagunas en el seguimiento de los expedientes.

El volumen de obligaciones reconocidas afectadas por esta sustitución alcanza, como mínimo, los 37.921 millones de euros. De esta cifra, la mayor parte, 30.387,14 millones, corresponde a órganos y servicios. Aquí, los centros periféricos del Servicio Andaluz de Salud concentran prácticamente la totalidad de las operaciones, con un 99,63 por ciento del total en este apartado.

En cuanto a las líneas de subvenciones y ayudas, el procedimiento abarca 47 bases reguladoras. La Consejería de Empleo lidera el ranking con 1.174,60 millones de euros, seguida por Igualdad y Educación. El informe destaca que el capítulo 4, destinado a transferencias corrientes, aglutina el 77,91 por ciento de este gasto, lo que subraya la importancia de este modelo en la gestión de las ayudas directas a la ciudadanía.

Los resultados de los informes de control financiero son reveladores. De los 188 informes analizados, solo 12 han obtenido una opinión favorable. La mayoría, 134, presentan opinión modificada con salvedades, y 42 han recibido una opinión desfavorable. Los incumplimientos más comunes en la contratación menor son sistémicos: fraccionamiento de contratos, prórrogas no previstas y una gestión que a menudo omite la justificación previa exigida por ley.

La Cámara de Cuentas ha formulado una serie de recomendaciones claras para mejorar la transparencia y la eficacia del control. Se insta a la Intervención General a crear un inventario consolidado y un sistema de información agregada que permita un seguimiento real de los gastos sujetos a este régimen. La falta de una herramienta digital única que vincule acuerdos, expedientes y resultados es, a día de hoy, el principal obstáculo para una supervisión efectiva.

La Intervención General ya ha admitido estas carencias y se ha comprometido a avanzar en la digitalización. El objetivo es que para 2027 el sistema de información corporativo, GIRO, cuente con la funcionalidad necesaria para identificar y explotar de forma diferenciada este universo de gastos. Mientras tanto, se implementarán registros complementarios propios para no perder de vista ni un solo euro público.