Cámara de Cuentas fiscaliza al Instituto Andaluz del Patrimonio

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha sacado a la luz un exhaustivo informe de fiscalización sobre el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) correspondiente al ejercicio 2022, y las conclusiones no pasan precisamente desapercibidas. Tras una auditoría detallada, el órgano fiscalizador ha emitido una opinión con salvedades tanto en el ámbito financiero como en el cumplimiento de la legalidad, señalando deficiencias que la dirección del instituto ha tratado de matizar mediante diversas alegaciones.

El documento, que se puede consultar en el BOJA, revela que la gestión del IAPH durante aquel año estuvo marcada por varios tropiezos administrativos. Entre los hallazgos más notables, el informe destaca una gestión irregular de subvenciones, como los 535.148,16 euros recibidos en 2022 para contratos juveniles que no fueron registrados correctamente en contabilidad, lo que obligó a una devolución posterior que incluyó intereses de demora por importe de 13.543,24 euros.

La contratación pública también ha estado en el punto de mira de los auditores. El IAPH recurrió a procedimientos de emergencia para servicios básicos como seguridad, limpieza y conserjería, justificándolos por razones de seguridad, si bien la Cámara de Cuentas cuestiona que estas situaciones fueran imprevisibles o catastróficas, recordando que el procedimiento de emergencia debe ser una excepción.

Las deficiencias no terminan ahí. Se han detectado discrepancias en la contabilidad presupuestaria, con diferencias no aclaradas de 590.085,52 euros en operaciones extrapresupuestarias y una serie de apuntes en los ingresos por prestación de servicios que carecían de facturas de soporte, sumando 97.287,32 euros que requieren ser depurados.

Además, el informe pone de manifiesto una falta de transparencia activa. Gran parte de los contratos, especialmente los menores, no aparecían publicados en el perfil del contratante o carecían de la información completa, como la identidad de los expertos que formaban los comités evaluadores. La propia entidad ha reconocido que parte de esta situación se debió a una insuficiencia temporal de personal en sus departamentos administrativos.

El instituto, que tiene su sede principal en el Monasterio de la Cartuja en Sevilla y un centro en Cádiz, ha justificado algunas de estas incidencias por la complejidad administrativa y la falta de personal, comprometiéndose a implementar los controles necesarios para evitar que tales incoherencias se repitan en el futuro.