Puente Genil bajo la lupa de la Cámara de Cuentas por su gestión en 2024
La Cámara de Cuentas de Andalucía publica el informe de 2024 de Puente Genil, señalando irregularidades en personal y contratos. El documento exige cambios urgentes ante fraccionamientos y fallos de control.
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha sacado a la luz las costuras de la gestión municipal de Puente Genil durante 2024, tras fiscalizar cómo se ha movido el dinero y a quién se ha contratado. El informe detecta irregularidades y una falta de orden que, según la institución, requiere una corrección urgente.
Datos clave
- Qué hacer
- Plan de acción para corregir irregularidades
- Áreas afectadas
- Personal y contratación menor
- Hallazgos
- Fraccionamiento de contratos y falta de control
El documento pone el foco en el personal y los contratos menores. Por un lado, el Ayuntamiento carece de un registro centralizado de sus empleados, incumpliendo la normativa básica, y mantiene una relación de puestos de trabajo que no se actualiza desde 2008, a pesar de los cambios realizados. La auditoría también subraya pagos irregulares, como gratificaciones a la Policía Local sin criterios aprobados por el Pleno y un premio de asistencia de 120 euros que no encaja en el esquema retributivo legal.
La contratación menor tampoco sale bien parada. Se ha detectado un uso abusivo de esta figura que, al final, esconde un fraccionamiento de contratos para eludir procedimientos de mayor concurrencia. Suministros recurrentes de material eléctrico, combustible y ferretería se han ido troceando mediante compras repetitivas que, sumadas, superan los límites permitidos.
Especial mención merecen los contratos del cementerio y de la piscina municipal. En el caso de los nichos, se formalizaron contratos menores que, por su finalidad, debieron licitarse como un solo proyecto. Respecto a la piscina, la entidad abonó prestaciones sin cobertura contractual durante años, una situación que, según la Cámara, podría derivar en responsabilidades patrimoniales o disciplinarias.
El órgano fiscalizador exige ahora un plan de acción concreto. La Cámara reclama que el Ayuntamiento ordene sus retribuciones mediante una nueva valoración de puestos, que reconozca de oficio los trienios y que profesionalice la contratación para garantizar, de una vez, los principios de publicidad y transparencia.
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