Martorell estrena nuevo reglamento para sus viviendas de emergencia

El Ayuntamiento de Martorell ha culminado el proceso administrativo para dotarse de una nueva herramienta en la gestión de sus recursos habitacionales. Tras someter a información pública el texto sin recibir alegaciones, el pasado 12 de junio entró en vigor el nuevo Reglamento municipal de adjudicación de viviendas para emergencias económicas y sociales, que sustituye a los apartados anteriores que regulaban esta materia en el marco del antiguo registro de vivienda de protección oficial.

El documento establece los criterios, requisitos y el funcionamiento de la Mesa de Valoración, el órgano encargado de priorizar las solicitudes según la urgencia de cada familia. Entre los supuestos que permiten acceder a estos recursos, el reglamento detalla situaciones como los desahucios por ejecución hipotecaria, la ruptura de convivencia, la violencia de género, el desahucio por ruina del edificio o la falta de alternativas habitacionales para personas sin hogar.

Para ser beneficiario, es indispensable estar empadronado en Martorell con una antigüedad mínima de tres años dentro de la última década, además de acreditar una situación de vulnerabilidad social. El reglamento impone el cumplimiento de un Acuerdo Social, que incluye compromisos específicos para mejorar la situación personal y laboral de la unidad de convivencia, con un plan de trabajo detallado que será supervisado por los Servicios Básicos de Atención Social (SBAS).

La adjudicación de estos inmuebles tendrá siempre un carácter temporal y asistencial, pudiendo realizarse en régimen de alquiler, cesión de uso o habitación. La norma pone especial énfasis en el seguimiento de los casos: el incumplimiento de los objetivos fijados o de las condiciones de convivencia podrá derivar en sanciones, la pérdida de la ayuda o incluso la revocación de la adjudicación tras el correspondiente procedimiento administrativo.

Para garantizar la transparencia, el baremo de puntuación para acceder a estas viviendas suma hasta 100 puntos en función de la situación de emergencia (hasta 50), las circunstancias económicas (hasta 25) y los factores personales o familiares, como la presencia de menores o personas dependientes (hasta 25). Los casos de empate se resuelven siguiendo un orden de prioridad preestablecido que da preferencia a los hogares con menores, personas con discapacidad o situaciones de violencia acreditada.

El texto normativo, que consta de 15 artículos y cuatro anexos, busca optimizar la respuesta municipal ante la exclusión residencial. La gestión queda centralizada en la Oficina Local de Habitatge, en estrecha colaboración con otros servicios técnicos para asegurar que la ayuda llegue a quienes más lo necesitan en situaciones de emergencia sobrevenida.